RECURSO DE APELACIÓN

 

Recurso de Apelación. Extemporáneo. Improcedente tramitar el recurso como denuncia.

El plazo para objetar el cartel de una licitación, conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General, es el primer tercio del tiempo dispuesto por la Administración para la recepción de ofertas, computándose dentro de ese plazo las posibles prorrogas que al efecto se acuerden.  En el evento que también la Administración haya dispuesto modificaciones, el plazo para la objeción de aquéllas sería el primer tercio,  contado desde el día siguiente a aquél en  que se anuncia la modificación y hasta el día de la apertura.  En el caso que nos ocupa, vemos que desde un inicio el Banco Nacional estableció el objeto contractual como ítem único, reservándose como alternativa la adjudicación parcial, posibilidad que por sí misma no habilita una cotización parcial de parte de los potenciales oferentes.  Ahora bien, el primer plazo fijado por la Administración para recibir propuestas fue de treinta y un días hábiles, aumentado después en doce días, para un total de cuarenta y tres días hábiles, cuyo tercio es de catorce días, los cuales vencieron el pasado dos de noviembre, en razón de lo cual el recurso interpuesto por Tectronic de Costa Rica, Sociedad Anónima, el veintinueve de noviembre anterior, resulta abiertamente extemporáneo y así debe declararse. Conviene aclarar que para los efectos de cómputo del plazo es imposible restringirnos sólo al último lapso, toda vez que la cláusula impugnada consta desde un inicio en el cartel.  Por otro lado, el recurrente aduce que de no prosperar su gestión, se tenga su escrito como una “denuncia formal” por tratarse –a su juicio- de un acto arbitrario. A este respecto, debemos señalar que la denuncia, o más bien reclamo de nulidad, prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General no constituye en modo alguno un recurso alternativo, a los regulados en forma especial en materia de contratación administrativa. De hecho, el denunciante debe demostrar contar un derecho subjetivo o interés legítimo, que de no existir o no comprobar, torna en facultativa la decisión de este Organo Contralor de intervenir. Así, desestimamos admitir el cuestionamiento formulado por Tectronic de Costa Rica, Sociedad Anónima como una denuncia, en primer término por no configurar ésta un recurso alternativo, a elección del interesado y segundo, por no demostrar estar en una situación que deba ser tutelada  por esta vía.-  Finalmente, debemos indicar que conforme a la reiterada práctica de este Despacho, el rechazo de un recurso de objeción, por extemporáneo, motiva, no obstante, la remisión del documento a la Administración para lo que estimen oportuno, siempre dentro del ámbito de una decisión discrecional motivada que tienda a garantizar la mayor participación sin desmejora de la satisfacción de la necesidad que se pretende llenar con la promoción del presente concurso. R-DAGJ-153-99 de las 14:00 horas de  10 de diciembre de 1999.

 

Recurso de Apelación. Prueba de incumplimiento de muestras

No todo desajuste con el cartel implica exclusión de la oferta. [...] este Órgano Contralor considera que la recurrente no ha cumplido con su deber procesal de aportar pruebas concretas sobre sus afirmaciones del presunto incumplimiento de este punto por parte del equipo Sysmex, como no sea con una serie de ejercicios cuya capacidad probatoria es bastante frágil, pues dependen de una serie de supuestos y variables de muy difícil ponderación. Si bien es cierto que la recurrente señala que las pruebas de velocidad no se pudieron realizar por negativa de la propia CAPRIS S.A., resulta intrascendente discutir sobre la verdad real de cómo se dieron las cosas, habida cuenta de que la apuntada desviación se refiere a una presunta desviación de dos muestras del número requerido por el cartel. En ese sentido, asumiendo por un momento que el citado incumplimiento sí hubiese existido, es decir, que los equipos Sysmex solamente procesaran 68 muestras por hora —lo cual, para efectos del fondo de este fallo no se tiene por demostrado—, sería un deber de la Administración determinar su gravedad sin que sean permitidas las descalificaciones "automáticas" o inmediatas, por el solo desapego del cartel. Ello obedece a que la Administración tiene la obligación legal de motivar sus actos y normalmente al incorporar especificaciones en un pliego de condiciones no se aporta con cada una de ellas un razonamiento del por qué se han puesto. De este modo, cuando se incumple una cláusula cartelaria, y en ello se ve motivo de exclusión de una oferta, los principios de eficiencia y de amplia oportunidad de participación imponen una justificación clara y convincente de tal pena al participante.  Por otra parte, por un principio de conservación de los actos de la Administración, solamente deben anularse aquellas adjudicaciones que son demostradamente contrarias al ordenamiento jurídico y, en este caso, el argumento del recurrente se limita a sembrar una duda, no a confirmar un hecho con pruebas. Aunado a esta situación, se parte de una presunción de cumplimiento de la oferta, salvo cuando haya evidencias de lo contrario y en este caso no se aporta ninguna, repetimos, como no sea un mero ejercicio en el papel, que por demás, ha sido muy cuestionado en sus parámetros por parte de la Administración y del adjudicatario. Es por esta razón que esta Contraloría General, al no tener pruebas concretas del incumplimiento de los equipos Sysmex ofrecidos por CAPRIS S.A. y partiendo de un principio de conservación de los actos de la Administración, debe desestimar este argumento como una causa de nulidad  de la adjudicación.  R-DAGJ-15-99 de las 10:00 horas del 7 de octubre de 1999.

 

Recurso de Apelación. Incidente de nulidad.

[...] ya ha sentado este Despacho la tesis que las nulidades que afecten el acto deben ser alegadas al interponer el recurso de apelación, de donde no tendría el carácter de incidente la nulidad que solicita el apelante, por cuanto, la figura incidental está referida al pedido de una nulidad de una actuación, no de una resolución que justamente se combate mediante el recurso que sea procedente (ver resolución Nº216-97, de las diez horas del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y siete. R-DAGJ-134-99 de las 14:00 horas del 2 de diciembre de 1999.

 

Recurso de Apelación. Incidente de nulidad.

El consorcio apelante PTC, antes de interponer el recurso de apelación que se conoce en contra del acto de adjudicación dictado en este concurso en favor de la agrupación de firmas Terrasol-Constructora Hernán Solís, interpuso un incidente de nulidad en contra del acto de adjudicación y demás actuaciones llevadas a cabo por la entidad licitante, que en términos generales coincide, en cuando a su sustento, con la impugnación que por este medio se conoce.  Considera este Despacho pertinente señalar que si bien en contra del acto de adjudicación que se dicte en los procedimientos de contratación administrativa, bien puede incoarse tanto el respectivo recurso de apelación como un eventual incidente de nulidad, éste último con sustento en lo señalado por la Ley General de la Administración Pública, es lo cierto que ambas vías no pueden coexistir simultáneamente en un mismo tiempo, por lo que el oferente disconforme con el actuar de la Administración se encuentra en la obligación de definir la vía por la cual pretenda hacer valer sus argumentaciones.  En el caso que nos ocupa, el Consorcio PTC interpuso ambas gestiones, pero sustentadas en el mismo razonamiento.  Ahora bien, siendo que de ambos tipos de acción el más favorable para el administrado es el del recurso de apelación, en razón de su carácter suspensivo en la ejecución del acto administrativo, este Despacho, de conformidad con sus competencias regladas, procederá a conocer y resolver sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio PTC, rechazando ad portas, en razón de su reiteración procedimental y de fondo, el incidente de nulidad interpuesto por el Consorcio PTC en contra del acto de adjudicación que interesa.   R-DAGJ-003-99 de las  15:45 horas del 4 de octubre de 1999.

 

Recurso de Apelación. Régimen recursivo en materia de contratación administrativa.

Este Despacho ha sostenido en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia  de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, sea por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento ejecutivo y, además, por expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2 inciso b), excluida de la aplicación del Libro Segundo de ese cuerpo normativo (ver resoluciones Nos. 96-97, 147-97 y 255-97, entre otras).- RSL 294-99 de las 15:30 horas del 13 de julio de 1999.

 

Recurso de Apelación. Nulidad de forma.  Informe de la Comisión de evaluación.

No ha logrado demostrar el apelante (ni resulta de interés en su caso particular, vista la falta de interés que procesalmente le aqueja, al no ser su oferta susceptible de resultar readjudicataria de este negocio),  que la Comisión de Evaluación haya emitido un informe alejado de la técnica y de lo razonable y que esa falta de razonabilidad o de sustento técnico sea causada por la incompetencia profesional de los miembros de la Comisión Calificadora o de quienes le auxiliaron en su difícil tarea.  En ese sentido, no se daría el ligamen entre el acto final y el vicio de forma que acusa AISJ 2000, necesario para decretar nulidades por forma (“pas de nullité sans grief” –no hay nulidad sin perjuicio-). Por otra parte, tampoco la parte puede alegar indefensión; por el contrario, durante la respectiva etapa de calificación, no consta en los autos, ni así lo cita el Consorcio AIJS 2000 en su defensa, que hubiera hecho reserva alguna en relación con las personas que fueron nombradas por la entidad licitante, para hacer la calificación de su oferta. Si en alguna medida la Administración se separó de formas que la apelante estimó sustanciales, así debió hacerlo ver a la Administración, para que ésta enderezara sus actuaciones, sin perjuicio, eso sí, de que en el recurso de apelación, manifestara todos los  agravios y reparos que tuvieran en contra que el acto final le causara.  Conteste con esta posición la Ley General de la Administración Pública adoptó una posición interpretativa de las nulidades de forma, de acuerdo con la cual la nulidad por vicios de forma solo puede ser declarada, fuera de aquellos casos previstos en norma legal, cuando el acto carezca de requisitos indispensables para el logro de su fin, o bien, cuando ha causado indefensión a la parte. Así, a manera de ilustración, se establece en el artículo 223, de la Ley General de la Administración Pública, que “sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento”, entendiéndose por sustancial aquella formalidad “cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.”  En cuanto a la alegada violación del Manual de Procedimientos de Evaluación éste no fue un documento que rigió la ponderación de las ofertas, por las razones expuestas por la Administración, de donde no tendría ningún sustento su alegato. R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999 .

 

Recurso de Apelación. Prueba.  Solicitud improcedente.

De conformidad con el principio regulado en el artículo 92  y 96.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa, tanto la parte apelante como la adjudicataria,  deben aportar en sus correspondientes escritos, las pruebas en que se apoyen sus argumentaciones. De modo que, en primer término, es a ellas a quienes les corresponde demostrar la veracidad de todos los argumentos que planteen  a través de la presentación de la prueba  pertinente en el momento procesal oportuno. [...] Las firmas Computadores Profesionales de San José S.A. y Suplidora Internacional de San José, S. A., han solicitado a este Despacho requerir el criterio técnico de la unidad de Informática de esta Contraloría General, donde se verifique que el equipo ofrecido por la firma Font S. A. no cumple con el requerimiento del cartel  relativo al número de ranuras de expansión., sin embargo no ha aportado ningún dictamen de orden técnico tal y como corresponde para  sustentar su manifestación. [...] En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en  el artículo 97.1 del Reglamento General  citado, este Organo Contralor, estima improcedente la solicitud de prueba efectuada por las firmas adjudicatarias de este concurso y por ello, procede rechazar su gestión. R-DAGJ 173-99 de las 9:00 horas del 21 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Contra acto de readjudicación.  Preclusión procesal para alegar aspectos del cartel.

Resulta fundamental iniciar el estudio del presente asunto considerando que se trata en la especie de una readjudicación. El segundo acto de adjudicación se toma después de que esta misma Contraloría General  anulara el primero, por hallar vicios en el procedimiento, concretamente en cuanto a la capacidad de la firma originalmente favorecida para cumplir con el pliego de especificaciones. Precisamente fue por la intervención de quien ahora ostenta la calidad de adjudicataria que este Órgano Contralor se pronunció sobre las actuaciones de la Administración en ese momento (Hecho Probado Nº5). Ahora bien, se tiene por demostrado que en esa ocasión ninguna de las firmas que ahora apela presentó recurso ante esta Contraloría General  (Hecho Probado Nº5), y este Órgano Contralor se manifestó de modo expreso sobre la legitimación para resultar readjudicatario de la firma TECMANT S.A. (Hecho Probado Nº6). Si bien es cierto ninguno de los presuntos incumplimientos que se alegan ahora en contra de la adjudicataria fueron alegados en el primer recurso de apelación, si tenemos por demostrado que en esa primera ocasión la Administración tuvo por debidamente elegibles tanto a las ahora apelantes como a la adjudicataria, con el siguiente resultado: CONTINEX (adjudicatario de la primera ocasión) con una nota de 95.10; TECMANT S.A. con un 86.34; GBM con un 74.55 y UNISYS con 70.25 (Hecho Probado Nº3). Por otra parte, todos los presuntos incumplimientos de la oferta de TECMANT S.A.  se refieren a aspectos que han estado en la oferta de esta firma desde antes de la primera adjudicación y no a hechos nuevos posteriores a la anulación de ese mismo acto por parte de esta Contraloría General. Así las cosas, visto el resultado de la evaluación técnica original, la firma que ahora es adjudicataria, ocupaba en esa primera ocasión un destacado segundo lugar de frente a las dos que ahora recurren el acto que la favorece. Siguiendo con lo que impone la lógica, si por alguna razón no se adjudicaba a CONTINEX, procedía adjudicar a TECMANT S.A., antes que a GBM o UNISYS. En ese contexto, si ninguna de ellas apeló –por las razones muy particulares que pudieran haber tenido y que ahora no son ya de interés-, han consentido expresamente la legitimación para resultar readjudicatario que tiene la firma TECMANT S.A., de conformidad con lo que dispone el artículo 95.1 del Reglamento General  de Contratación Administrativa al señalar Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.  En todo caso se entenderá que carece de legi­timación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, ya sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario” (el texto original no está en negrilla). La aplicación ordinaria que hace este Órgano Contralor de esa disposición, es requerir del apelante que detalle cómo puede él ser adjudicatario, si no es el “segundo” de la lista en el proceso de calificación. En este caso, el interés que han demostrado ambas firmas en prorrogar y mantener la vigencia de su ofertas –sin que estemos comentando el caso concreto de GBM- les permite ser potencialmente readjudicatarios del negocio, pero no les da derecho a abrir discusiones de aspectos que tenían un momento procesal para ser alegados. Es este caso, es el criterio de esta Contraloría General  que dada la prevalencia de puntos de TECMANT S.A. sobre ambas apelantes, éstas firmas debieron haber alegado desde la primera adjudicación esa serie de presuntos incumplimientos, con el objeto de demostrar desde ese momento su mejor derecho para resultar readjudicatario, incluyendo en el caso de UNISYS todos los aspectos que tuviese que alegar en contra de GBM, pues incluso esta firma estaba por encima de la puntuación de esta apelante( Cf: un caso similar en la Resolución Nº 253-97 de las nueve horas del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, páginas 37 a 41). Visto lo anterior, en aplicación del principio procesal de preclusión, procede declarar sin lugar ambos recursos, con lo que también se ve servido el principio de seguridad jurídica que debe imperar en esta clase de procedimientos. Adicionalmente a lo anterior, esta Contraloría General  considera que ninguno de los dos apelantes demostró que alguno de los presuntos incumplimientos alegados en contra de TECMANT S.A., tuviera tal gravedad que impidieran, de modo absoluto y definitivo, el cumplimiento del fin propuesto con este concurso, por lo queda bajo la responsabilidad de la Administración su determinación, en la fase de ejecución contractual.     R-DAGJ-46-99 de  las 9: 30 horas del 27 octubre de 1999.

 

Recurso de apelación. Quien alega debe  aportar  prueba en la cual se sustente su dicho.

En el caso que nos ocupa, la firma recurrente no aportó  ni ofreció en su escrito de interposición del recurso, prueba alguna que sustentara su afirmación, antes bien, la firma adjudicataria presentó con su escrito de respuesta a la audiencia final un dictamen donde se concluye que el producto ofrecido cumple con los requisitos para el ensayo de endotoxinas bacterianas (hecho probado 10).  Lo anterior nos conduce a concluir que en el caso sub exámine  lo actuado por la Administración se ajusta  a la legalidad, por cuanto no se ha acreditado probanza alguna que conlleve infracción a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública).  En efecto  no se ha demostrado de  manera  alguna que el producto adjudicado no se ajuste a los requisitos técnicos establecidos en el pliego de condiciones (hecho no probado único).   R-DAGJ 117-99 de las 11:00 horas del 24 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Representante de Casas Extranjeras.

Sobre el particular, debemos indicar que bajo la presente legislación, la legitimación para apelar se arbitra en favor de la parte que “ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, pero también se dispone que  “igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero.  Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.”  (ver artículo 91.2. del Reglamento General de Contratación Administrativa). RSL302-99 de las 8:30 horas del 21 de julio de 1999.

 

Recurso de apelación. Corresponde al recurrente  rendir prueba para sustentar sus alegatos.

Conforme a lo previsto por el artículo 92, del Reglamento General de Contratación Administrativa, “el escrito de apelación deberá indicar con precisión las infracciones sustanciales que se le imputan al acto de adjudicación o a los actos de procedimiento, con indicación de las normas o principios que se alegan quebrantados”. Asimismo, ahí se dispone que “el apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y en caso de que discrepe de los estudios técnicos tomados en cuenta por la Administración, aportará, en la medida de lo posible, estudios técnicos, preparados por profesionales calificados, que sustenten su posición.”     Así, el recurso de apelación debe indicar, con precisión, los agravios que tiene el inconforme con respecto al acto dictado por la Administración, con la obligación general de probar su dicho, pues de otra manera, esta Contraloría se vería en la necesidad de producir la prueba de los alegatos de las partes, lo cual resulta totalmente ajeno a nuestra condición de juez imparcial –en sede administrativa- y a nuestras facultades constitucionales y legales (vid. nuestras resoluciones Nº323-99, de las quince horas del tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve; R-DAGJ-29-99, de las quince horas con treinta minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve y la R-DAGJ-037-99, de las quince horas del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve).  En conclusión, es menester dejar claramente sentado que, conforme a un principio procesal elemental, aplicable en esta materia, la prueba de un mejor derecho corresponde a la parte que lo alega en su favor, alegato que debe estar contenido en el recurso, con el correspondiente ofrecimiento u aportación de la prueba en que se sustenta su pretensión. [...]Cabe señalar que con el  recurso, el Consorcio ADU entregó nuevamente ese mismo documento denominado “Análisis de la Evaluación Técnica del Consorcio ADU”,  sin que el criterio técnico de la Administración hubiera sido rebatido con otro dictamen técnico, ni se aportara el estudio técnico anunciado por ADU durante la fase de estudio de su oferta.  Tampoco el Consorcio Aeropuerto Desarrollo Uno ofreció con su recurso prueba,  no pudiendo asimilar a un pedido de prueba lo indicado a  folio 8, del recurso, donde textualmente dice:  “Solicitamos que, en caso de duda, la Contraloría contrate a profesionales capaces e independientes, nacionales o extranjeros, sobre todo ingenieros, para que rindan dictamen sobre los errores que contiene la evaluación oficial y sobre la justificación de nuestros reparos.”   Es sin duda, un deber de las partes probar la procedencia de sus alegaciones, de donde no estimamos que un ofrecimiento tan vago, pueda ser de recibo o deba ser analizado, por cuanto, reiteramos, no corresponde a esta Contraloría General producir la prueba de los alegatos propios de las partes, sino a quienes postulan su inconformidad en el respectivo recurso. El deber de probar sus alegaciones, por parte de las apelantes, cobra particular importancia si consideramos, adicionalmente, que este Organo Contralor debe resolver las controversias planteadas en plazos perentorios y, si además, a ello sumamos la complejidad del presente caso y el plazo previsto para emitir la resolución. Acaso en un negocio de esta magnitud y particularidad, ¿no son los oferentes quienes mejor conocimiento tienen de las empresas o personas, que a nivel –nacional o internacional- pueden rendir esta clase de estudios? ¿No son también los interesados quienes mejor conocen las fortalezas o debilidades de un procedimiento en el que tienen más de un año de estar participando activamente? Entonces, ¿no están los recurrentes en una situación que con la mayor holgura les permite ofrecer o rendir prueba para sustentar su alegato, sin pretender trasladar a este Organo Contralor tan magna responsabilidad, cual si fuéramos una parte que litiga y no quien resuelve sobre las pretensiones y pedidos formulados en el expediente?   R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Principio de preclusión procesal y del debido proceso.

En el caso bajo examen,  la demostración de que la apelante podría estar mejor posicionada que las elegidas y por ende, que propuso mejores precios que las adjudicatarias, debió de hacerse al interponer el recurso, de acuerdo con el principio procesal que obliga a hacer valer en el mismo recurso, todos los reparos y alegaciones que quepan en contra el acto final, con el objeto de que tanto la Administración como las adjudicatarias pudieran referirse en forma concreta a ese alegado mejor derecho que se reclama, pues de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido proceso que demandan conocer, en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos contra el acto final y probarlos.    Por ende,  la alegación o alegaciones de un recurso deben estar fundadas desde su interposición, tanto como el caso concreto lo permita.  No basta con exponer el reparo sino que quien lo formule debe también aportar o al menos ofrecer prueba idónea para demostrar,  por ejemplo para el caso que nos ocupa,  cómo se afectaron los derechos e intereses del apelante  (la lesión), por no haberse hecho la comparación de ofertas  tomando en cuenta el régimen preferencial que dicen les debió  ser aplicado.  La parte apelante no señala y menos demuestra que, de serles aplicado el beneficio a que aluden, su  “oferta” sería la mejor calificada de acuerdo con el sistema previsto,  de modo que no existe forma de que la Administración, en sentido concreto, haya podido verificar el argumento que se expone de una mejor puntuación debida a un mejor precio y, en general, de una posible mejor calificación que hiciera a la apelante sujeto legitimado para ganar las fórmulas que reclama. RSL 323-99 de las 15:00 horas del 3 de agosto de 1999.

 

Recurso de apelación. Fundamentación extemporánea.

Con posterioridad a la presentación de su escrito de apelación y fuera del plazo de diez días hábiles que confiere el ordenamiento jurídico para interponer y fundamentar el recurso de apelación, la firma Constructora Mena, S.A. presenta un escrito ante este Despacho con “el efecto de comentar las consideraciones de Apelación que presentáramos mediante nuestro memorial de fecha 23 de Julio de 1999...”.  Sobre este memorial es necesario señalar que resulta totalmente improcedente y no entrará este Despacho a su consideración por dos razones:  Primero, todos los alegatos y hechos que sirven de base y fundamento al recurso de apelación deben ser expuestos indefectiblemente por el apelante dentro del plazo de diez que le confiere la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento General, para la interposición y fundamentación del recurso de apelación.  Segundo, si bien al señalar que se pretende “comentar” lo indicado en el recurso de apelación, pareciera que se refiere a los mismos argumentos presentados en su escrito de interposición, en este caso los argumentos que se exponen en este nuevo escrito no son los mismos que los presentados en el libelo de apelación, de manera que no se trata de “comentar” algo que ya se expuso, sino de presentar nuevos alegatos una vez vencido el plazo procesalmente establecido para ello. R-DAGJ-003-99  de las 15:45 horas del 4 de octubre de 1999. 

 

Recurso de apelación. Admisibilidad cuando el monto adjudicado es en moneda extranjera. Tipo de cambio.

En ese orden de ideas, estimamos que la interpretación que se adopte en estos casos, donde las adjudicaciones cuestionadas se hayan adoptado en una moneda extranjera y ante un vacío normativo del Reglamento General de Contratación Administrativa,  debe ser aquella que integre una solución lógica y justa, pro actione, por parte de este Organo Contralor.  Al igual que oportunidades anteriores, esta Contraloría General ha integrado la resolución de casos concretos, ante  vacíos normativos de la vigente Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento General, con soluciones similares a las arbitradas por el anterior Reglamento de la Contratación Administrativa,  como fue el caso del desecho de las fracciones para determinar la admisibilidad de los recursos de objeción (ver Resolución Nº239-96 de las ocho horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis).   En el caso bajo examen, estimamos que es preciso (ante el vacío normativo del Reglamento General de Contratación Administrativa) integrar una solución similar a la establecida en el anterior Reglamento de la Contratación Administrativa, de modo que la admisibilidad del recurso de apelación, cuando el monto adjudicado se encuentre consignado en una moneda extranjera se hará utilizando el tipo de cambio interbancario de venta del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al colón, que se encuentre vigente al día en que se publique en el Diario Oficial el respectivo aviso de adjudicación. R-DAGJ 166-99 de las 8:45 horas del 20 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Acto declarado desierto no procede apelarlo.

Que el recurso de apelación ante esta Contraloría General solo puede ser interpuesto en contra de los actos de adjudicación dictados por la Administración dentro de un proceso de licitación (pública o por registro), cuando en razón de la cuantía de dicha adjudicación sea igual o superior al límite económico fijado –por mandato de la Sala Constitucional en el Voto Nº998-98 y por esta Contraloría General de la República en las resoluciones números 1-DEE-98 de las once horas del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicada en La Gaceta Nº157 del trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho; y la resolución de las nueve horas del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, publicada en La Gaceta Nº 170 del primero de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.    En el caso bajo examen, la firma apelante no impugna un acto de adjudicación, sino la decisión adoptada  por la Administración de declarar desiertos los renglones 4 y 5 de esta licitación, lo cual es  improcedente, por cuanto el acto declaratorio de desierto -en este caso de unos renglones- es un acto administrativo cuya revisión corresponde a la propia entidad, en primera instancia, y eventualmente a la sede contenciosa-administrativa.  En ese sentido, debemos advertir que si bien ese acto de deserción del concurso debe contener todos los elementos que se establecen en la Ley General de la Administración Pública, en especial en cuanto a su motivación (artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa), éste no tiene contemplada una vía especial de revisión en la Ley de Contratación Administrativa, por lo que quedaría sometido en cuanto a su impugnación, a los medios establecidos en la Ley General de la Administración Pública. Por lo tanto, la empresa apelante debió presentar, en primera instancia,  los recursos ordinarios regulados en esta última   Ley citada ante el INA, con el objeto de agotar previamente la vía administrativa y eventualmente acudir a la revisión judicial, si así lo estimaba procedente.  R-DAGJ 109-99 de las 14:30 horas del 22 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Apelante estaba inhibida a contratar con la Administración.

Que a pesar de haber dictado este Despacho el auto inicial y conferido audiencia a las partes involucradas en el asunto, lo cierto es que con posterioridad ha quedado de sobra demostrado que la empresa apelante carece de legitimación para accionar en esta vía, toda vez que sometió oferta en el presente concurso y se encontraba inhibida de contratar con la Administración Pública por hallarse en el supuesto de prohibición contemplado en el artículo 22, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, al ser el padre y el cuñado de un Diputado a la Asamblea Legislativa titulares de más de un veinticinco por ciento del capital social y además ocupar cargos de dirección y con representación de la firma Conoplast, S.A., de donde, al no poder resultar esa firma eventual readjudicataria del concurso, de conformidad con lo señalado por el numeral 95.1 del Reglamento de Contratación Administrativa, por carecer el apelante de interés legítimo y actual, debe rechazarse el recurso de plano por resultar manifiestamente improcedente.  R-DAGJ-134-99 de las 14:00 horas del 2 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Apelante no tiene puntaje necesario para readjudicación.

Tenemos que en el cuadro comparativo de ofertas  presentadas al presente procedimiento licitatorio, se asignaron los siguientes puntajes totales respecto del ítem 1:  un 96.00% a la plica de la firma adjudicataria AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO CORI, S.A.; un 80.40% a la oferta de la firma AUTO MERCANTIL, S.A. y un 76.52% a la propuesta de la empresa apelante AUTO MATRA, S.A. (ver dicho cuadro en expediente administrativo).  Por otra parte, también tenemos que la impugnante no cuestiona en su recurso el puntaje que se le asignó a su plica respecto del ítem 1, por lo que debemos concluir que, en caso de que prosperara la apelación por ella interpuesta, no podría ser válidamente beneficiada con una eventual readjudicación de esa línea, ya que existe otra oferta elegible –de una firma que no interpuso recurso de apelación en contra del acto adjudicatorio de marras y respecto de la cual la recurrente no cuestiona su aptitud para resultar readjudicataria del negocio- que tiene un puntaje más alto que la recurrente.  A mayor abundamiento, procede declarar que, en el recurso que por este medio se conoce, la impugnante no adujo, ni mucho menos demostró la existencia de vicios capaces de producir la nulidad absoluta del acto de adjudicación dictado en la línea 1 o del procedimiento concursal seguido. RSL 362-99 de las 12:00 horas del 25 de agosto de 1999.

 

Recurso de apelación.  Cálculo de la cuantía cuando se cotiza en dólares.

La línea No. 1 de la presente licitación fue adjudicada por un monto de $65.700, por lo que es preciso determinar si tal suma alcanza los veinte millones de colones, a efectos de establecer la procedencia o no del recurso. Dado que el monto adjudicado está fijado en dólares es necesario establecer cuál es la fecha que debe tomarse para hacer la conversión del precio de la divisa extranjera.  Sobre el particular, encontramos que el Reglamento General de Contratación Administrativa vigente no contiene una norma especial que regule esa situación, como sí fue previsto por el artículo 134, del anterior Reglamento de la Contratación Administrativa, el cual disponía: “Artículo 134.- ...Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el procedente, se hará utilizando el tipo de cambio interbancario de venta del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al colón, que se encuentre vigente el día en que se publique en el Diario Oficial el respectivo aviso de adjudicación.   (subrayado agregado). Por su parte, el artículo 3º, de la Ley de Contratación Administrativa establece que las disposiciones de esta Ley se interpretarán y aplicarán en concordancia con las facultades de fiscalización superior de la hacienda pública que le corresponden a la Contraloría General de la República, de conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política.”  En ese orden de ideas, estimamos que la interpretación que se adopte en estos casos, donde las adjudicaciones cuestionadas se hayan adoptado en una moneda extranjera y ante un vacío normativo del Reglamento General de Contratación Administrativa,  debe ser aquella que integre una solución lógica y justa, pro actione, por parte de este Organo Contralor.  Al igual que oportunidades anteriores, esta Contraloría General ha integrado la resolución de casos concretos, ante  vacíos normativos de la vigente Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento General, con soluciones similares a las establecidas en el anterior Reglamento de la Contratación Administrativa,  como fue el caso del desecho de las fracciones para determinar la admisibilidad de los recursos de objeción (ver Resolución Nº239-96 de las ocho horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis).   En el caso bajo examen, estimamos que es preciso (ante el vacío normativo del Reglamento General de Contratación Administrativa) integrar una solución similar a la establecida en el anterior Reglamento de la Contratación Administrativa, de modo que la admisibilidad del recurso de apelación, cuando el monto adjudicado se encuentre consignado en una moneda extranjera se hará utilizando el tipo de cambio interbancario de venta del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al colón, que se encuentre vigente al día en que se publique en el Diario Oficial el respectivo aviso de adjudicación.   R-DAGJ 128-99 de las 15:00 horas del 29 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Contra acto de adjudicación total, a pesar que recurrente no participó en un ítem.

La firma adjudicataria al contestar la audiencia inicial que se le confirió en este procedimiento, presentó  “Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento” para que se rechace ad portas el recurso interpuesto por la firma apelante porque no indicó cuál o cuáles renglones era los que impugnaba. Esta Contraloría General otorgó audiencia inicial sin tomar en cuenta que la firma apelante no participó en el ítem Nº 3, por lo que solicitan la revocación del auto de audiencia inicial y el consecuente rechazo de plano del recurso incoado. Al respecto considera este Despacho que en principio el recurso de apelación cuando se interpone en contra del acto de adjudicación, sin que se indique expresamente cuál o cuáles ítemes están siendo impugnados, debe asumirse que el recurso se dirige en contra del acto adjudicatorio en su totalidad y en ese sentido se otorga la audiencia que inicia el trámite del mismo ante esta sede, es decir, que el recurso de apelación se debe entender admitido en cuanto al acto de adjudicación.  Ahora bien, cuando un apelante impugna un ítem o línea en la cual no ha participado, efectivamente carece de interés legítimo en la impugnación de este, como regla de principio, por lo que en el evento de otorgársele audiencia, ésta debería dejarse sin efecto.  Ahora bien, en el caso que nos ocupa, dadas las razones que fundamentan la apelación, “razones de nulidad absoluta del acto adjudicatorio por violación de normas constituciones, legales y reglamentarias, entre otras”, y que el apelante participó en los demás ítemes adjudicados y su recurso lo dirige contra el acto de adjudicación en su totalidad, amén de que se presentaron solo dos ofertas (la que resultó adjudicada y la de la apelante), este Despacho estimó más oportuno proceder a valorar los argumentos de la apelante, su legitimación, y resolver sobre el fondo de estos incidentes, al resolver en forma definitiva sobre el fondo del asunto en cuestión.  R-DAGJ-86-99 de las 13:00 horas del 9 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Debe indicarse la trascedencia de los incumplimientos alegados.

En este orden, ha sido el criterio de este  Despacho que el recurso de apelación no sólo debe enumerar los incumplimientos que se advierten en las ofertas seleccionadas sino también que debe exponerse con amplitud la trascendencia y consecuencia que éste tenga respecto del acto de adjudicación adoptada y de las otras partes  participantes. Así de conformidad con lo establecido en los artículos 92 y 95 del Reglamento General de Contratación Administrativa, es indispensable que se determine en el recurso la trascendencia de lo alegado. (Ver en este sentido Resoluciones Nº 5-96 de las catorce horas con treinta minutos del diez de enero,  Nº 91-96 de las once horas del catorce de mayo, Nº 251-96 de las diez horas del treinta y uno de octubre, todas de mil novecientos noventa y seis; y,  Nº85-97 de las quince horas del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete). En esa línea de pensamiento, cabe apuntar que no llega a demostrarse en la apelación que nos ocupa,  que el sistema de tarjeta de crédito y su instalación en el lugar definido en la oferta posea incumplimientos o incongruencias tan severas con respecto a lo requerido en el pliego, y por ende, porqué el hecho de estar instalado en una tienda de departamentos no le asegura al Banco los resultados que se esperan con este requerimiento. R-DAGJ-135-99 de las 15:30 horas del 2 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  El apelante no  acreditó en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.

Sobre el particular, este Despacho no estima de recibo dichos alegatos por cuanto es bien sabido que en todo recurso donde se pretende hacer valer una expectativa de derecho es requisito —sine qua non— que ante todo sea definido y acreditado el interés legítimo, actual, propio y directo que se ostenta para presentarse ante una instancia como recurrente, así estipulado por el artículo 95.1 en su parte in fine, al señalar que: “Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud par resultar adjudicatario”. En la especie, la firma disconforme no cumplió con este requisito, y basta hacer también “un simple cotejo a dicho documento” para corroborar tal omisión. Por otro lado, el fundamento legal utilizado por este Despacho para rechazar de plano el recurso de apelación de mérito (artículo 95.1 del Reglamento General de Contratación Administrativa), tiene sustento en la configuración de presupuestos que convergen en la situación particular del gestionante, toda vez que en el caso de que su recurso prosperara, no podría resultar adjudicataria de este negocio ya que otras participantes superan en puntaje a la firma PEDREGAL; aún más, del escrito de apelación no se advierte alegato alguno, de forma puntual, en contra de esas firmas, dirigidos a desmeritar las calificaciones obtenidas por éstas, y no por el hecho de haberse referido en algún momento, en forma plural, a las ofertas presentadas o a anexos generales contenidos en el escrito de apelación, este Despacho deba entender que la apelante aludía específicamente a las dos empresas que la superaron en calificación. En todo caso, lo que finalmente pretende la gestionante, es que se modifique dicha Resolución, lo que no procede hacerlo por esta vía. Respecto de este punto, debemos indicar que por esta vía no procede reabrir la discusión del punto; sin embargo, reiteramos, que la “recurrente” no acreditó, como se debe, su interés legítimo para demandar la anulación del acto de adjudicación bajo examen. De manera que el criterio externado por este Despacho, sobre el aspecto de referencia, fue debidamente sustentado y ajustado a derecho.   R-DAGJ 124-99 de las 15:45 horas de 25 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Fase procesal precluída para alegar nuevos argumentos.

En este orden, debemos señalar que el nuevo argumento que ha hecho llegar la firma apelante en su escrito de respuesta a la audiencia final cursada en este trámite, relacionado con el software de la base de datos ofrecida en la oferta adjudicada, no puede ser objeto de nuestro análisis en virtud de que la fase procesal establecida para la formulación de los argumentos de fondo precluyó al finalizar el plazo de los diez días dentro de los cuales se podía formular el respectivo recurso de apelación. Así pues, en el escrito de interposición del recurso la recurrente debió incluir el alegato correspondiente, para que, dentro del debido proceso, las partes involucradas tuvieran oportunidad de conocerlo y aportar la prueba y la defensa  atinente. Pretende la firma apelante que este  Órgano Contralor, en este estadio procesal, examine un argumento relacionado con un aspecto que asumimos  ya le constaba a ella desde el momento mismo en que formuló su recurso de apelación (o al menos no demostró lo contrario) pero que no lo contempló en él. En este orden, es importante reiterar que los argumentos de fondo en un recurso de apelación interpuesto en contra de un acto de adjudicación, conforman el marco fáctico y jurídico sobre el que versará la discusión entre las partes, por ende, no es factible que con posterioridad a la formulación  de su recurso, la apelante plantee argumentos que se basan en hechos que han constado en el expediente desde un inicio. Si esto fuese habilitado por el ordenamiento jurídico procesal (alegar en cualquier momento argumentos relacionados con hechos conocidos en etapas anteriores) se promovería abuso del derecho de recurrir, en menoscabo de la seguridad jurídica y de la satisfacción de las necesidades públicas inmersas en la promoción de las licitaciones por parte de las distintas entidades y órganos públicos. R-DAGJ-135-99 de las 15:30 horas del 2 de diciembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Improcedencia manifiesta.  Recurrente no alegó nada en contra de la exclusión de su oferta.

[...] dado que la empresa apelante no alegó nada en contra de lo resuelto por la Administración en el sentido de excluir sus ofertas base, ni de las razones que diera la institución para considerarla fuera del negocio -al no impugnar esas razones debemos entender que las admite, y consiente la decisión adoptada-, su recurso carece de fundamento, pues la suerte de la oferta alternativa sigue la de la oferta base, ya que aquella es accesoria a esta.  A mayor abundamiento de razones, la impugnante tampoco adujo –ni mucho menos demostró– la existencia de vicios capaces de producir la exclusión de las ofertas adjudicatarias ni la nulidad absoluta del acto de adjudicación dictado o del procedimiento seguido por la Administración. RSL 277-99 de las 15:00 horas  del 5 de julio de 1999.

 

Recurso de apelación.  Ítemes. Rechazo de plano por monto de los ítemes.

De conformidad con lo  establecido en el artículo 90 del Reglamento General de Contratación Administrativa, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación  debe ser interpuesto en relación con aquellos actos que definen el concurso si éste supera el monto para la licitación pública. En el presente caso, el monto total adjudicado corresponde a setenta y tres mil doscientos ochenta dólares. Sin embargo, la oferta presentada por la apelante se contrae, únicamente, a los ítemes uno y siete, por lo que el monto ofrecido asciende a cincuenta y dos mil treinta y cinco dólares con treinta y siete centavos. Dado que en su escrito de impugnación tiene por objeto la nulidad de todo el acto de adjudicación, se aprecia con ello que no puede aceptarse el interés actual de la recurrente respecto de los demás ítemes, por cuanto no fueron objeto de su plica. Además, el monto de los ítemes uno y siete no supera el límite para hacer admisible la apelación.   R-DAGJ-074-99 de las 15:30 horas del 4 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Preclusión. No se admiten argumentos que son materia de objeción.

Estima este Despacho que en ese plazo, amplio en consideración al negocio tramitado, bien pudo el potencial oferente manifestar cualquier inconformidad con el cartel y de ese modo, coadyuvar con el éxito de su posible contratación.   Por otra parte;  pese a que el plazo de objeción hubiera precluido, debemos también advertir que al potencial oferente le asiste derecho de plantear solicitudes de modificación o de aclaración ante la propia Administración, siempre antes de que las ofertas sean abiertas, con la finalidad de tener una cabal comprensión del objeto licitado y de esa forma poder someter correctamente su propuesta.  Así las cosas, para este Despacho el cartel de la licitación pública internacional 01-98, está “consolidado”, es decir, el tiempo para pedir su revisión ya concluyó, procesalmente hablando, de manera que el estudio y selección del contratista se rigió por las reglas aceptadas por todos los oferentes. [...]Así las cosas, en vía de recurso de apelación no son de recibo los alegatos referidos a cuestionar el sistema de evaluación, por cuanto, llegados al momento de apertura de las ofertas, el cartel se consolida y pasa a constituir el conjunto de reglas que rigen la selección y adjudicación del negocio y la fuente principal de derechos y obligaciones, durante la fase de ejecución contractual. Por tanto, lo recurrible en este momento es la aplicación que del sistema haya hecho la Administración, en el evento de que se estime contraria a los parámetros consignados en el cartel o incluso arbitraria.  R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Rechazo de plano por el monto.

Mediante Resolución publicada en La Gaceta Número 170, del 13 de agosto de 1998, esta Contraloría General fijó, en los términos del fallo supraindicado, los límites y montos que definen las distintas modalidades de procedimientos de contratación, así como los montos que hacen procedente la interposición del recurso de apelación ante este Despacho.   Así, se establece en dicha Resolución que “En contra del acto de adjudicación el recurso de apelación cabrá en los siguientes casos:  a) En las administraciones citadas en el artículo 93, cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los veinte millones de colones (¢20.000.000,00) para todo tipo de contratación, excepto contratos de obras o bienes inmuebles donde el monto deberá superar los veinticinco millones de colones (¢25.000.000,00)...”.  [...].   Según el acuerdo de adjudicación dictado en el procedimiento aludido, el monto total de la negociación  que se ha pactado por un año, no alcanza la suma de ¢20.000.000,00 establecido para la procedencia del recurso de apelación ante este Organo Contralor, de donde tenemos que, de acuerdo con las normas reguladoras de la materia, el recurso interpuesto debe ser rechazado de plano,  puesto que por el monto, lo procedente era interponer recurso de revocatoria ante la Administración contratante. RSL 411-99 de las 14:00 horas del 22 de setiembre de 1999.

Recurso de apelación.  Rechazo de plano por extemporáneo.

Que el acto de adjudicación venido a examen fue publicado en La Gaceta Nº 208 del 27 de octubre de 1999, razón por la cual, el plazo de diez días hábiles para impugnarlo, establecido en el artículo 91.1. del Reglamento General de Contratación Administrativa, venció el 10 de noviembre de 1999.  La empresa apelante presentó su recurso el 10 de noviembre de 1999, a las dieciséis horas con diez minutos, es decir, diez minutos después de la hora del cierre del Despacho, motivo por el cual la presentación de su recurso es extemporánea, lo cual fundamenta su rechazo por improcedencia manifiesta, de conformidad con lo previsto por el artículo 95.5., del Reglamento General de Contratación Administrativa.  R-DAGJ 98-99 de las 15:30 horas del  16 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Rechazo de plano por improcedencia manifiesta, existen ofertas elegibles mejor puntuadas que las de las recurrentes.

Por otra parte, también tenemos que las impugnantes, Constructora Belén Ltda. y Dimon S.A., y Quebradores Pedregal, S. A., no cuestionan en su recurso el puntaje que se les asignó a su respectiva plica, por lo que debemos concluir que, en caso de que prosperaran los recursos de apelación por ellas interpuestos, no podrían ser válidamente beneficiadas con una eventual readjudicación, ya que existen otras ofertas elegibles, respecto de las cuales las recurrentes no cuestionan su aptitud para resultar readjudicatarias del negocio, las cuales tienen un puntaje más alto que las recurrentes. Así las cosas, se concluye que las apelantes no acreditaron en sus recursos su aptitud para resultar readjudicataria, por lo que procede rechazar de plano, por ser manifiestamente improcedentes las apelaciones instauradas por las firmas supracitadas en contra del acto de adjudicación dictado en el presente concurso.  R-DAGJ-79-99 de las 8:00 horas del 8 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Rechazo plano por el monto.

Plazo contratación es por un año, con posibilidad de prórroga. En el presente caso, el plazo de la contratación es de un año (relación de hechos probados 4 y 5), y el monto adjudicado asciende a un total de once millones trescientos veintiocho mil colones, suma inferior al límite establecido para recurrir ante esta sede, circunstancia que nos obliga a rechazar de plano el recurso interpuesto. Ahora bien, en cuanto a las prórrogas previstas en la contratación de marras y el eventual efecto que éstas podrían tener al momento de determinar el monto adjudicado, este Despacho ha señalado en otra oportunidad, lo siguiente: “[...] de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento de la Contratación Administrativa, para determinar el procedimiento a seguir respecto de contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico que se hayan dispuesto por períodos menores a dos años, pero que contemplen la facultad de prórrogas facultativas que puedan superar los 24 meses, se hará la estimación según el importe de los pagos a efectuar durante dos años. De ahí que, si tomamos como base de la estimación hecha por la Administración, el monto finalmente adjudicado, (puesto que no conocemos otro, pero estamos seguros que el INS realizó una estimación seria – no se ha dicho nada en contrario-) , tenemos que llegar a concluir que el procedimiento utilizado por la Administración fue el correcto y acorde con las normas vigentes. [...] Ahora bien, en cuanto a la determinación del recurso que se debe interponer para impugnar un acto de adjudicación, el artículo 134 del Reglamento tantas veces citado, establece que “... se tomará en consideración el monto adjudicado respecto al renglón o renglones cuya escogencia se pretende impugnar: Si ... alcanza los límites que hacen exigible, en cuanto al ente público interesado, la licitación pública, el recurso a interponer será el de apelación ante la Contraloría General; si no alcanza dichos límites, procederá el de revocatoria ante la Administración que promovió el concurso”. De acuerdo con el acto de adjudicación dictado, el monto de alquiler mensual  es de [...]  y de conformidad con el cartel del concurso, se suscribirá un contrato por un año, con posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de cinco. De ahí que, según reiterado criterio de este Despacho, el monto a considerar para efectos de admisión del recurso, es el que resulte del plazo original del contrato (en este caso un año), puesto que las prórrogas son tan solo una posibilidad que tiene la Administración, pero que de ninguna manera la comprometen ni obligan, y que en definitiva constituyen un hecho futuro e incierto, pues en estos momentos nadie puede asegurar si operarán o no.  Desde otro ángulo, es evidente que en casos como éste, el adjudicatario lo que adquiere es el derecho a que la Administración respete el plazo de un año del arrendamiento a que se compromete originalmente; no así en cuanto a las prórrogas puesto que, como antes manifestamos, éstas son eventuales y conforme a lo dispuesto por el numeral 12 del Reglamento tantas veces citado, una vez transcurrido el plazo mínimo de arrendamiento que se hubiere convenido, la Administración puede ponerle término en cualquier momento sin responsabilidad, avisando previamente al arrendante. [...]” (ver resolución número 43-96 de las catorce horas del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis). Consecuentes con dicho criterio y dado que tanto en la Ley de Contratación Administrativa, como en su Reglamento, únicamente se fijan normas tendientes a la estimación del negocio para efectos de procedimiento, pero no de impugnación, a la vez que no se contempla ninguna norma que contradiga dicha interpretación, reiteramos que el monto del negocio a considerar es el correspondiente al plazo adjudicado, sin incluir las prórrogas, razón por la cual en el caso sub examine el recurso a interponer era de revocatoria ante la propia administración licitante.   R-DAGJ 129-99 de las 9:00 horas del 30 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Recurrente debe mostrar tener un mejor derecho de frente a la adjudicataria.

De conformidad con lo anterior, se advierte una contradicción entre el año de fabricación consignado en la oferta y el año de fabricación real del equipo, contradicción que la empresa adjudicataria explica y trata de justificar en un error material en la declaración aduanera  Nº01-129-997234.  Este Despacho estima que, de frente a los términos del cartel, no se puede decir que exista un incumplimiento por parte de la firma adjudicataria, ya que esta indica en su oferta que el  equipo que ofrece es modelo mil novecientos noventa y dos, lo cual está dentro del rango permitido y la  aclaración efectuada si bien implica formalmente una modificación de lo consignado originalmente en la oferta,  tampoco es capaz de producir la exclusión de la oferta, máxime que se ajusta también al rango permitido por el pliego. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el punto en discusión no fue objeto de evaluación ni se ha demostrado que conlleve alguna ventaja para la adjudicataria. Tampoco se ha  demostrado que el precio cotizado por la firma adjudicataria sea irreal o inaceptable (hecho no probado único); antes bien,  es igual al cotizado por la recurrente. De conformidad con lo anterior  y tomando en cuenta que la firma recurrente no ha demostrado tener un mejor derecho de frente a la adjudicataria del negocio, como corresponde según lo dispuesto por el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa y lo establecido por este Órgano Contralor (ver, entre otras, nuestra Resolución R-DAGJ-037-99 de las quince horas del veintiuno de octubre de este año),  es lo procedente, declarar sin lugar el recurso interpuesto y confirmar el acto de adjudicación. R-DAGJ-068-99 de las 13:00 horas del 3 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Recurrente debe probar el mejor derecho que le asiste en el negocio. Debe aportar prueba de lo argumentado.

Para determinar si la apelante es susceptible eventualmente de resultar readjudicataria del negocio, este Despacho ha sentado posición acerca de su obligatoriedad de probar el mejor derecho que le asiste con respecto a la adjudicataria de un negocio.  Sobre el particular, en nuestra resolución Nº 323-99 de las quince horas del tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve señalamos:   En ese orden de ideas, este Despacho estima que no basta con alegar el perjuicio sino que debe probarse en qué consiste y cómo le afecta en el caso particular, tal y como lo ordena el numeral 88, de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:  “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, como fundamento de la impugnación.  Cuando se discrepe de las valoraciones técnicas o apreciaciones científicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir de forma razonada esos antecedentes, de ser posible mediante la presentación de dictámenes y estudios, emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que se trate.”   En el caso bajo examen,  la demostración de que la apelante ECOHSA  podría estar mejor posicionada que las elegidas y por ende, que propuso mejores precios que las adjudicatarias, debió de hacerse al interponer el recurso, de acuerdo con el principio procesal que obliga a hacer valer en el mismo recurso, todos los reparos y alegaciones que quepan en contra el acto final, con el objeto de que tanto la Administración como las adjudicatarias pudieran referirse en forma concreta a ese alegado mejor derecho que se reclama, pues de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido proceso que demandan conocer, en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos contra el acto final y probarlos.    Por ende,  la alegación o alegaciones de un recurso deben estar fundadas desde su interposición, tanto como el caso concreto lo permita.  No basta con exponer el reparo sino que quien lo formule debe también aportar o al menos ofrecer prueba idónea para demostrar,  por ejemplo para el caso que nos ocupa,  cómo se afectaron los derechos e intereses del apelante  (la lesión), por no haberse hecho la comparación de ofertas  tomando en cuenta el régimen preferencial que dicen les debió  ser aplicado.  La parte apelante no señala y menos demuestra que, de serles aplicado el beneficio a que aluden, su  “oferta” sería la mejor calificada de acuerdo con el sistema previsto,  de modo que no existe forma de que la Administración, en sentido concreto, haya podido verificar el argumento que se expone de una mejor puntuación debida a un mejor precio y, en general, de una posible mejor calificación que hiciera a la apelante sujeto legitimado para ganar las fórmulas que reclama.”  Por lo anterior, es preciso revisar si la alegación de un mejor derecho que reclama la apelante Lantech, es procedente. ... De conformidad con lo expuesto, y en el supuesto de que la Lantech llevara razón en su alegato de restar el puntaje a la adjudicataria en el aparte F), de “Años de la consolidación de la empresa”,  de cinco puntos (como aparece calificada) a un punto (como propone), tendríamos una ponderación final,  en la opción escogida de 59.11 puntos; mientras que la apelante, de acuerdo con la calificación efectuada y atendiendo su reclamo únicamente incrementaría su calificación en un punto y pasaría de 52 a 53 puntos, siendo que el puntaje mínimo para calificar, establecido en el pliego era de 56 puntos (ver hecho probado 7), de donde ningún sentido práctico tendría declarar con lugar el recurso.  Por lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de Lantech (C.R.), S.A.  R-DAGJ-029-99 de las 15:30 horas del 15 de octubre de 1999.

 

Recurso de apelación. Recurrente fue excluida del concurso y no demostró ser la mejor calificada.

En primer término,  la apelante no ha demostrado en ningún momento que su oferta pueda quedar mejor puntuada que la adjudicataria, aspecto que desde el punto de vista de la técnica del recurso de apelación resulta de principio.  Al respecto debemos simplemente apuntar que, de acuerdo con el sistema de evaluación de las ofertas, la Administración eligió puntuar  los siguientes factores y porcentajes:  "1.-Tiempo de Desarrollo...15%  2.-Precio 20%  3. Tiempo Global de Garantía 10%.  4.-Experiencia Sistemas similares  20%   5.Experiencia en el uso de la herramienta 10%   6.-Número de profesionales certificados (soporte)  15%. 7.-Recomendaciones 10%." En principio, y dado que la oferta de la apelante no fue calificada por estimarse inelegible desde el inicio, por las razones ya expuestas, observamos que tampoco Celle nos presentó (como parte de su recurso) un ejercicio que, en forma plausible y razonable, nos llevara a considerar su oferta como virtualmente la mejor calificada.  Por el contrario observamos que, como lo alegó la Administración, la oferta de la apelante tiene un precio mayor, un tiempo de desarrollo mayor (y además confuso) y un menor tiempo global de garantía, de manera que no ha cumplido la apelante con su carga de demostrar su alegado mejor derecho sobre la plica que resultó seleccionada, aspecto que es de su resorte exclusivo, conforme a lo que ya hemos indicado en nuestra resolución Nº323-99, de las quince horas del tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la cual señalamos, en lo que interesa: “2) ...observamos que Conducen, S.A., en representación de ECOHSA,  no hizo mención expresa en su recurso a  la posibilidad real que esa firma tendría de quedar como oferta mejor puntuada con respecto a las que son adjudicatarias -y menos aportó prueba para demostrar tal cosa, como es su deber-, si fuese aplicado en la comparación de ofertas  el régimen especial que aduce les resulta aplicable por ser industria centroamericana.  En ese orden de ideas, este Despacho estima que no basta con alegar el perjuicio sino que debe probarse en qué consiste y cómo le afecta en el caso particular, tal y como lo ordena el numeral 88, de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:  “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega, como fundamento de la impugnación.  Cuando se discrepe de las valoraciones técnicas o apreciaciones científicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir de forma razonada esos antecedentes, de ser posible mediante la presentación de dictámenes y estudios, emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que se trate.”   En el caso bajo examen,  la demostración de que la apelante ECOHSA  podría estar mejor posicionada que las elegidas y por ende, que propuso mejores precios que las adjudicatarias, debió de hacerse al interponer el recurso, de acuerdo con el principio procesal que obliga a hacer valer en el mismo recurso, todos los reparos y alegaciones que quepan en contra del acto final, con el objeto de que tanto la Administración como las adjudicatarias pudieran referirse en forma concreta a ese alegado mejor derecho que se reclama, pues de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal y el del debido proceso que demandan conocer, en un solo estadio procesal, de todos los reparos conocidos contra el acto final y probarlos. Por ende,  la alegación o alegaciones de un recurso deben estar fundadas desde su interposición, tanto como el caso concreto lo permita.  No basta con exponer el reparo sino que quien lo formule debe también aportar o al menos ofrecer prueba idónea para demostrar,  por ejemplo para el caso que nos ocupa,  cómo se afectaron los derechos e intereses del apelante  (la lesión), por no haberse hecho la comparación de ofertas  tomando en cuenta el régimen preferencial que dicen les debió  ser aplicado.  La parte apelante no señala y menos demuestra que, de serles aplicado el beneficio a que aluden, su  “oferta” sería la mejor calificada de acuerdo con el sistema previsto, de modo que no existe forma de que la Administración, en sentido concreto, haya podido verificar el argumento que se expone de una mejor puntuación debida a un mejor precio y, en general, de una posible mejor calificación que hiciera a la apelante sujeto legitimado para ganar las fórmulas que reclama.”.  En el caso bajo examen, ese alegato de un mejor derecho no fue hecho al interponer el recurso, ni al referirse a la contestación a la audiencia final (una vez conocidos los alegatos de la Administración licitante), ni al contestar la audiencia especial, de donde tampoco tendría consideración la alegación de que no era dable traer otros alegatos de exclusión, por cuanto, procesalmente, esos alegatos constan en el expediente desde la fase de estudio y selección (ver folios 194 a 200 del expediente administrativo de la contratación) y, además, durante la fase recursiva se ha brindado la oportunidad de referirse a ellos, de modo que por economía procesal, era necesario dejarlos dilucidados, dado que la Administración tiene un problema concreto y urgente que solucionar, de frente al cual no es dable admitir una dilación injustificada en un mejor derecho no demostrado. RSL 409-99 de las 15: 30 horas del 21 de setiembre de 1999.

 

Recurso de apelación.  Recurrente no alegó vicios o incumplimientos en contra oferta adjudicada, sino contra informes rendidos por los auditores de la entidad licitante  sobre otro concurso.

En primer lugar, es importante señalar que el recurso de apelación está previsto en la normativa de contratación administrativa para alegar aquellas infracciones sustanciales que se hayan dado en contra del ordenamiento jurídico al adoptarse el acto de adjudicación que se impugna.  En se sentido son objeto de impugnación por esta vía las infracciones que se hayan cometido al valorar las ofertas, los vicios o incumplimientos que presente la oferta adjudicada y cualquier violación de la normativa de contratación administrativa, ya sea en el trámite del procedimiento concursal o al adoptarse el acto de adjudicación.  En el caso que nos ocupa, tenemos que no se ha alegado vicio o incumplimiento alguno en contra de la oferta presentada por la firma adjudicataria, sino que el alegato fundamental de este recurso, hace relación a dos informes que rindieron auditores de la entidad licitante específicamente sobre otro concurso que no el que nos ocupa en esta oportunidad, y además que dichos informes relacionados con la eventual responsabilidad de funcionarios de la entidad licitante  han dado origen a una investigación y procedimiento administrativo en el seno de la Administración interesada, el cual a la fecha no se ha concluido.  Todo lo anterior nos lleva a concluir que esta no es la instancia, ni el momento procesal oportuno, ni forma parte de la competencia de este Despacho en esta litis, resolver sobre la situación planteada, que   todo caso está siendo conocida por la Administración interesada, la cual deberá llegar a una decisión al respecto al amparo de la normativa que rige esta materia y los criterios que sobre el punto ha emitido este Despacho.  Ahora bien, en cuanto a la impugnación del acto adjudicatorio que nos ocupa, solamente advirtiríamos la importancia y necesidad de resolver sobre los argumentos de la apelante, en el evento de que se hubiesen quebrantado los principios que informan la contratación administrativa, entre otros, el principio de igualdad de trato, el principio de libre concurrencia, el principio de eficiencia, el principio de legalidad o transparencia, principios que al tenor de lo dispuesto en el Voto 998-98 de la Sala Constitucional, tienen rango constitucional.  Sin embargo, ante la falta de legitimación de la firma apelante, y visto el trámite conforme a cartel de este procedimiento de licitación pública, en donde no se ha advertido alguna actuación directa en beneficio de la firma adjudicataria que haya perjudicado los intereses de la firma apelante, que haya implicado un actuar en contra del principio de igualdad de trato en perjuicio de Laboratorios Finlay, S.A. (hecho no probado 3)),  sin entrar a pronunciarnos sobre la legalidad o no de las actuaciones de la firma Baxter Export Corporation al invitar a funcionarios de la entidad licitante a visitar la fábrica de Cuervanava, México, ni pronunciarnos sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados en esa invitación, hemos de concluir, el tenor de los autos que interesan, que no se ha advertido ni se han demostrado actuaciones por parte de los funcionarios que han actuado en el trámite de este concurso, que quebranten o violen los principios de la contratación administrativa o que justifiquen válidamente la anulación del acto adjudicatorio dictado en favor de la única oferta que resultó elegible en este concurso y que es la oferta más económica; amén del interés público inmerso en la adquisición de los sueros licitados, dada la urgencia de contar con esos productos.    R-DAGJ-86-99 de las 13:00 horas del 9 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Recurrente no aportó prueba que desvirtúe informe de la Administración.

La conclusión a la que arribáramos líneas atrás se refuerza por el hecho de que el Consorcio AIJS Dos Mil, quien se ha opuesto vehementemente al resultado del estudio técnico elaborado por la Administración, no ha presentado prueba capaz de desvirtuarlo.  Efectivamente, como hemos indicado antes el artículo 99.2 del Reglamento de cita, establece que el apelante debe aportar la prueba en que apoye sus argumentaciones y en caso de que discrepe de los estudio técnicos, aportará en la medida de lo posible, estudios elaborados por profesionales preparados, que sustenten su posición. Entendamos que si la norma dice “en la medida de lo posible” ello no implica que en ciertos casos, el recurrente esté eximido de probar los hechos alegados; siempre está obligado a ello, sólo que se reconoce la libertad en materia probatoria, así como la complejidad de ciertos procedimientos, en los cuales no es sencillo obtener la prueba en un tiempo corto. En este caso, el Consorcio AIJS Dos Mil, aportó un estudio que incorpora muchos comentarios favorables a un aumento de su calificación, pero sin citar el cartel, o las secciones de la oferta analizadas y en las cuales se apoya u otros argumentos técnicos,  razón por la cual no estimamos que pueda sobreponerse al análisis elaborado por la Administración. No se trata de que el estudio de ofertas realizado por la Administración, sea como aduce el Consorcio “infalible”, pero no podemos negar que en su elaboración participaron respetables profesionales de muy distintas áreas, según consta en el respectivo informe y que es jurídica y técnicamente  inaceptable desvirtuarlo sólo a partir del dicho de un oferente perdidoso, aunque éste cuente con una amplia experiencia de la cual no dudamos.  R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Recurrente no participó en el concurso cuya adjudicación impugna.   Improcedencia manifiesta.

La empresa  [...] no presentó oferta al concurso cuya adjudicación impugna, motivo por el cual debe rechazarse de plano su recurso, porque al no ser “parte” en el concurso público de mérito, carece de la legitimación necesaria para recurrir, a tenor de lo establecido en los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 91.2 de su Reglamento, recién transcritos.  De esta manera, a tenor de lo establecido len el artículo 95.1 de este Reglamento, el recurso interpuesto resulta improcedente en forma manifiesta al haber sido interpuesto por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. RSL 338-99 de las 15:30 horas del 13 de agosto de 1999.

 

Recurso de apelación. Fundamento improcedente, dado que recurrente solicita que  se anule el acto de adjudicación para que readjudique y se anule el procedimiento.

En el recurso de apelación, el inconforme solicita la anulación del acto para que, de estimarse su pedido, el expediente sea reenviado a la Administración licitante para el estudio de readjudicación. En tal supuesto, corresponde al apelante demostrar su mejor derecho, a ser posible readjudicatario del negocio.  Por otra parte, el pedido de nulidad del  procedimiento constituye una medida de extrema gravedad, que se acuerda sujeto al régimen de nulidades del derecho administrativo, si y solo si el procedimiento adolece de un vicio de una gravedad tal, que constituyera una violación grosera, palmaria y evidente,  al ordenamiento jurídico, en especial, al ordenamiento jurídico administrativo que rige la selección del cocontratante. En ese sentido, observamos que el pedido del Consorcio ADU es incongruente, en el tanto, por una parte solicita la anulación del acto y, por otra, la anulación del procedimiento. Si hubiera mérito probado para anular el procedimiento, no tendría ningún sentido el reenvío del expediente a la Administración para que ésta adopte la readjudicación, porque en tal caso, el procedimiento se vería inhibido de dar fruto alguno. R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre de 1999.

 

Recurso de apelación. Improcedencia manifiesta.  Contraloría ya se pronunció sobre el punto alegado.

Esa tesis se reafirma con la Resolución R-DAGJ-119-99 de esta División, en la que se evidenció con claridad que la apelante no podría ser adjudicataria de la licitación bajo análisis, por lo que en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 95.2 ibídem, cuando ya esta Contraloría General se haya pronunciado expresamente sobre el punto, ello también motiva el rechazo de la apelación. Por lo anterior, debe revocarse el auto inicial adoptado y en su lugar  rechazar de plano por improcedente el recurso. R-DAGJ-134-99 de las 14:00 horas del 2 de diciembre de 1999.

Recurso de apelación. La Administración no está facultada para revocar acto de adjudicación.

En relación con este acuerdo, debemos manifestar que desde el momento en que se interpusieron recursos de apelación en contra del presente acto adjudicatorio, esta Contraloría General pasó a ser la competente para resolver el asunto referido a la validez legal del acto tomado y por ende la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS no puede  “revocar” un acto que no está en este momento bajo su esfera de competencia.  No obstante, en vista de esta circunstancia, procede tomar el acuerdo transcrito supra como un allanamiento tácito efectuado por la Municipalidad a las pretensiones de las partes en cuanto a la nulidad del acto de adjudicación.  Así las cosas, procede declarar con lugar los recursos de apelación instaurados.  R-DAGJ-101-99 de las 13:00 horas del 17 de noviembre de 1999.

 

Recurso de Apelación. No tiene Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

Este Despacho ha sostenido en forma reiterada que el régimen recursivo en materia de contratación constituye materia reglada a nivel de ley especial como lo es la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General, y además, por disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2 inciso b),  esta materia se encuentra excluida  de la aplicación del libro segundo de esa ley.  Así, en resolución R.S.L. Nº 415-99 de las 13:00 horas  del 23 de setiembre de 1999 se indicó: “La materia relativa a los contratos del Estado se encuentra regulada por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General. Dentro de este contexto, la Contraloría General ha manifestado en forma reiterada, que en dichas regulaciones se encuentran previstos los diferentes procedimientos para la concertación de los negocios que interesan a la Administración, las regulaciones básicas en cuanto a derechos y deberes, garantías, prohibiciones, etc., quedando reglado igualmente lo relativo a la impugnación de las resoluciones que emita la Contraloría General en procedimientos de objeción al cartel o de apelación en contra de actos adjudicatorios. Consecuentemente, la materia en cuestión, goza de un régimen recursivo de naturaleza especial, que excluye de su aplicación, los distintos recursos previstos por la Ley General de la Administración Pública. Ello queda de manifiesto del propio artículo 367.2 de la última Ley indicada, al señalar que se exceptúan de su aplicación, en lo relativo a procedimiento administrativo, “Los concursos y licitaciones”. Resulta innegable entonces, que por regla de principio, las resoluciones que se emitan en el trámite de recursos de objeción o de apelación a actos adjudicatorios, no pueden ser impugnados conforme a las regulaciones establecidas en la Ley General de la Administración Pública.  Todo ello se confirma  con el enunciado de los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al señalar en su conjunto  que los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los cuales se encuentran los recursos ordinarios de revocatoria y apelación.”(Véanse entre otras, las resoluciones No. 96-97, de las 8:30 horas del 12 de mayo de 1997, No. 147-97 de las 10:00 horas  del 30 de julio de 1997, No. 255-97 de las 15:00 horas del 29 de octubre de 1997, No. 108-98 de las 8:00 horas del 28 de abril de 1998). De ese modo, con fundamento en lo anterior, resulta improcedente la admisión del recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de lo resuelto por este Despacho, sin perjuicio de que el inconforme acuda a la revisión judicial ordinaria si así lo estima pertinente. Por tal motivo no se entra a conocer sobre el fondo de los recursos planteados.   R-DAGJ-145-99 de las 12:00 horas del 7 de diciembre de 1999.

 

Recurso de Apelación. No se aportó prueba para desacreditar un certificado

Al respecto, considera este Despacho que no se trata de que no se haya aportado el certificado de calidad que requirió el cartel, sino que el aportado por la firma adjudicataria, en criterio de la apelante, no satisface el requerimiento cartelario, posición que no comparte la entidad licitante, la cual consideró que el certificado aportado cumple con el cartel y en ese sentido no tiene reparo alguno que formular.  En este orden de ideas, este Despacho no advierte elemento alguno de prueba aportado por parte de la apelante, que le reste méritos al certificado incluido por la firma adjudicataria en su oferta, por lo que debemos concluir que no existe incumplimiento alguno en este punto.  RSL 426-99 de las 14:00 del 30 de setiembre de 1999.