Jurisprudencia Constitucional

 

Jurisprudencia Constitucional. Contraloría General de la República. Competencias. Artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Respecto de las atribuciones que la Constitución Política confirió a la Contraloría General de la República, esta Sala en sentencia #998-98, de las 11:30 horas de 16 de febrero de 1998, señaló: "La Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloría General de la República como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió la tarea de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública -artículo 183 de la Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la correcta utilización de los fondos públicos, lo que debe entenderse en los términos ya señalados con anterioridad por este tribunal Constitucional: “De la lectura de los artículos 183 y siguientes de la Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría General de la República, tiene en relación con los fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse limitada a una actuación automática de simple «aprobación», puesto que ello implicaría una disminución sustancial de sus competencias constitucionales” (sentencia #2340-94, de las quince horas del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro); “La Contraloría General de la República, como su Ley Orgánica remarca (Ley No. 7428 de siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro) es un órgano de relevancia constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuya función general es el control superior de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de fiscalización regulado en la citada Ley” (sentencia #5119-95, de las veinte horas treinta y nueve minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). El fundamento normativo de esta competencia especial deriva de lo dispuesto en el citado artículo 183 constitucional, y que la Ley ha desarrollado, tanto en la primera Ley Orgánica de esta institución -#1253 de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta-, que en sus artículos 2 y 3 inciso k) le confirió a esta institución la especial competencia para ejercer funciones de vigilancia en el manejo de los fondos públicos y en la gestión financiera de los empleados públicos, y específicamente, para intervenir en las licitaciones (contratación administrativa); como así también en Ley Orgánica vigente y en la Ley de la Administración Financiera de la República -#1279, de dos de mayo de mil novecientos cincuenta y uno-, normativa en la que se recoge el espíritu y voluntad del constituyente; y según se anotó en sentencia #2632-95, de las dieciséis horas seis minutos del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco: “[...] la potestad cuestionada de la Contraloría General de la República de controlar la Hacienda Pública, y en concreto a las empresas públicas, subsistiría aún declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por cuanto la misma le viene encomendada, en primer término, por disposición constitucional -artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y en segundo término, por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tanto la vigente al momento de los hechos -#1252, de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta-, como la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -#7428-, la cual es más explícita -concretamente en su artículo 18 señala la facultad que tiene la Contraloría para controlar los presupuestos de la Administración, comprendiendo a las empresas públicas de cualquier tipo, entre las que, lógicamente se encuentra RACSA-, en el Reglamento sobre el Funcionamiento de Empresas Estatales Estructuradas como Sociedades Mercantiles -Decreto Ejecutivo #7927-H, de doce de enero de mil novecientos setenta y ocho-, en la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, #6821, de diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos, y en la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público, #6955, de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco; por lo cual, la pretensión de RACSA no se vería protegida, y la declaratoria de inconstitucionalidad que se solicita no tendría el efecto de permitir a la empresa accionante la libre disposición de los recursos públicos y así evitar la supervisión de la Contraloría, al subsistir las atribuciones de esta institución, y ninguna variación se produciría en relación con el manejo de los fondos públicos administrados por dicha empresa”; de manera que la Contraloría, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico -según se anotó anteriormente-, se encarga de ejercer un control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos públicos, que comprende las diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, control que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría, la actividad referente a la contratación administrativa, según lo indicado por esta Sala en sentencia #2398-91, de las quince horas veinte minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno: “En primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación Administrativa, corresponde a la Contraloría General, ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a los procedimientos de contratación administrativa.” Dentro de las funciones comentadas, la Contraloría resulta competente para fiscalizar a los funcionarios encargados de la administración de los fondos públicos, según se indicó en sentencia #3607-94, de las quince horas del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro: “En este sentido, olvida el petente que el artículo 183 de la Constitución Política dispone que: «La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.» Nótese que las facultades cuestionadas se otorgan al órgano constitucional creado para el control y fiscalización de la Hacienda Pública, y las funciones que le encomienda la Ley de la Administración Financiera vienen a desarrollar el presupuesto constitucional, razón por la que la fiscalización e investigación de los funcionarios públicos «que reciben, custodian, pagan o administran bienes o valores del Estado», no está más allá de las funciones encomendadas a este órgano, más bien responden al interés del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”; y continúa diciendo: “[...] lo que la ley encomienda a la Contraloría es la de fiscalización del cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera, lo que conlleva al control de los funcionarios públicos que manejan fondos públicos, constituyendo la labor de investigación una consecuencia lógica de la misma, y que se llevará a cabo cuando exista mal uso de los bienes y valores del Estado.” Asimismo, estima esta Sala que, aún cuando no existiera normativa legal específica que desarrollara las competencias propias de esta institución -Contraloría General de la República-, la misma sí estaría legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, precisamente por estar basada su competencia en normas de rango constitucional. En este sentido, cualquier reforma o modificación tendrá como especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están dadas por la propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del artículo 184 constitucional; de manera que el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados." De conformidad con la sentencia transcrita, la Contraloría General de la República, Organo Auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero con independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, es la institución encargada del control y fiscalización de la Hacienda Pública, lo que incluye la vigilancia de los funcionarios a quienes se les encomienda la administración de los recursos públicos. Así, en esta materia, el Organo contralor tiene plena potestad de investigar posibles faltas de los servidores de la Administración en el manejo de los fondos del Estado. En este sentido, la Sala en sentencia #16-95, de las 15:45 horas de 3 de enero de 1995, resolvió la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en el expediente #91-001827-007-CO contra el artículo 273 del Reglamento de la Contratación Administrativa, la cual si bien actualmente se encuentra derogada, tenía un contenido similar a la que aquí se impugna. En dicha sentencia se consideró: "SEGUNDO. No hacemos frente a un atentado a la autonomía administrativa de las instituciones autónomas porque la relación aquí objetada entre la Contraloría General de la República y éstas no corre entre administraciones activas, una de las cuales se inmiscuiría inconstitucionalmente en un ámbito propio de la otra. La Contraloría es administración no activa, fiscalizadora o vigilante. La interpretación del accionante, compartida en parte por la Procuraduría General de la República, parte de una premisa débil: asume que la autonomía administrativa es incompatible con órdenes en materia de personal como si entre la institución autónoma cuyo funcionario ha sido investigado y la Contraloría se estuviera estableciendo una relación de jerarquía, cuando lo que hay es un control de legalidad financiera de las actuaciones de un funcionario, una actividad materialmente jurisdiccional. Por lo demás, después de señalar algunos cometidos de la Contraloría General de la República la Constitución Política nos remite a los deberes y atribuciones que "las leyes le asignen" (artículo 184, inciso 5). Junto a la lista de competencias del artículo l84, el análisis de atribuciones constitucionales de la Contraloría no puede dejar de lado la central tarea que el Constituye le encargó: "auxiliar a la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública" (artículo 183). Quedaría menguada la efectividad de esta disposición constitucional con relación al vasto mundo de las instituciones autónomas si se interpretara que el ordenamiento está inhibido de habilitar a la Contraloría para investigar malos manejos de fondos en esas institucionales y eventualmente exigir la sanción del responsable (artículos ll5 de la Ley de Administración Financiera de la República y 273 del Reglamento de la Contratación Administrativa). Por último, acierta la Contraloría cuando sostiene que estas potestades no son disciplinarias en estricto sentido -limitadas a la relación de servicio- sino inseparables de la fiscalización de la ejecución de los prespuestos nacionales y de las instituciones autónomas". Se estima que el ejercicio de la potestad impugnada se adecua al Derecho de la Constitución, en particular, a las funciones de control y fiscalización de la Hacienda Pública, que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política le atribuyen al Organo Auxiliar de la Asamblea Legislativa. En efecto, según se expuso en la sentencia transcrita, la autonomía administrativa de que gozan las instituciones autónomas no es vulnerada cuando la Contraloría General de la República procede de acuerdo con la atribución contenida en el artículo 68 de su Ley Orgánica. Tampoco se considera que cuando la Contraloría General de la República recomenda –con carácter vinculante- la sanción disciplinaria de un funcionario público ejerce funciones de administración activa. Nótese, que previo a que la Contraloría determine la responsabilidad de un funcionario por una falta cometida en el manejo de los recursos públicos, debe concederse al afectado de manera preceptiva su derecho del debido proceso, en los términos de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, bajo la observancia ineludible del principio de verdad real –artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública- con la finalidad de que el servidor pueda formular los alegatos que estime pertinentes para su defensa, así como presentar la prueba que considere conveniente a sus intereses. Asimismo, si el superior jerárquico del funcionario no está conforme con el dictamen del Organo Contralor de la Hacienda Pública puede interponer una gestión de revisión en la Contraloría, que debe estudiar el Organo encargado de la tutela de los fondos públicos. La recomendación que surja como resultado del procedimiento administrativo que instaure el Organo Contralor debe contener una motivación suficiente, en donde se indique con claridad la falta que se encontró en la actuación del funcionario investigado en el manejo de la Hacienda Pública, punto sobre el cual debe referirse en forma exclusiva la recomendación de la Contraloría General de la República, pues si bien este Organo tiene facultades muy amplias de investigación para controlar y fiscalizar la Hacienda Pública, este concepto a su vez delimita su ámbito de competencia, considerándose, por ende, arbitrarias las actuaciones que realice este Organo en los supuestos en que no se discuta el manejo eficiente y legal de la Hacienda Pública. Consecuentemente, al considerarse en esta sentencia que lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría República se adecua al Derecho de la Constitución, debe desestimarse la acción en lo que a este extremo corresponde. Voto 04835-2001

Jurisprudencia Constitucional. Contraloría General de la República. Naturaleza Jurídica. Competencia.

Otro de los argumentos esgrimidos en la acción es que las normas impugnadas rebasan la competencia de la Contraloría, en el sentido de que le permiten asumir funciones que implican coadministrar, cuando su naturaleza es únicamente fiscalizadora, tesis que tampoco es compartida por esta Sala. En efecto, nótese que la formación de la voluntad administrativa, así como la planificación que ello conlleva en sus distintas etapas recae bajo la responsabilidad de la Administración. Es ésta la que identifica y determina la necesidad de contratar, la disponibilidad presupuestaria y la imposibilidad de seguir un procedimiento concursal. Es en el ámbito de la administración activa en el donde se valoran los criterios de oportunidad y conveniencia que pueden intervenir en la contratación de que se trate. Tan es así que la solicitud que se plantea ante la Contraloría para su aprobación debe contener una justificación detallada de las circunstancias que provocan que la utilización de los procedimientos ordinarios no sea conveniente, y debe detallar la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista (véase artículo 83.3 del Reglamento General de Contratación Administrativa). De lo anterior se desprende que en esos casos la Contraloría no tiene la iniciativa, no determina la necesidad ni la oportunidad de los criterios con que se pretende hacerle frente a ésta, de ahí que no pueda decirse que está ejerciendo una coadministración. En el acto de aprobación de este tipo de solicitudes, lo que fiscaliza es que efectivamente se esté frente a un caso concreto que presenta características de excepción que no permite alcanzar la satisfacción del fin público mediante la realización de un procedimiento ordinario concursal, y que tampoco encaja en uno de los supuestos ya previstos expresamente en la normativa sobre la materia. Desde esa perspectiva, y teniendo presente las reflexiones sobre la naturaleza y el papel de la Contraloría que fueron comentadas líneas atrás, debe concluirse que este control previo mediante la aprobación de la solicitud, lejos de vulnerar el orden constitucional, se convierte en un mecanismo para garantizar que la Administración no se excepcione ilegítimamente de los procedimientos ordinarios que deben ser la regla en las negociaciones contractuales del Estado, según el principio constitucional, pero sin cerrar normativamente la posibilidad de valorar determinados casos concretos que, aunque razonablemente pueden requerir de una contratación directa, no pueden ser previstos en normas generales. Voto 2660-2001.

Jurisprudencia Constitucional. Contraloría General de la República. Contratación directa. Reserva de ley en materia de excepción al procedimiento de licitación. Facultades.

Según la tesis del accionante, todas las posibles excepciones en que la Administración está facultada para recurrir a la contratación directa deben estar contempladas expresamente en la ley, de modo que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional que se confiera a la Contraloría General de la República la posibilidad de autorizar este tipo de contratación en casos particulares no previstos por el ordenamiento. La Procuraduría General respalda esta tesis, al considerar que cuando el artículo 182 de la Constitución establece que las contrataciones del Estado "se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo", establece una reserva de ley que implica que todas las excepciones que, por interés público, sean incompatibles con el procedimiento de licitación y por consiguiente resulta admisible recurrir a la contratación directa, deben estar taxativa y expresamente contempladas en la legislación sobre la materia. En ese sentido, afirma que se trata de un vicio particularmente grave en tanto no existe parámetro alguno para determinar cómo esa autoridad va a establecer los casos de excepción, y que las facultades para autorizar no deben confundirse con la potestad de regular. Señala que la indeterminación de la norma es absoluta, y sobre ello el accionante sostiene que se trata de una potestad ad infinitum, abierta, que permite al órgano contralor actuar bajo su más libre criterio, lo que violenta el régimen constitucional en materia de contratación administrativa, cuyos principios se ven desvirtuados con el establecimiento de un portillo de esa naturaleza. A juicio de esta Sala, existen una serie de elementos que no pueden dejarse de lado en el análisis de la validez constitucional de las normas cuestionadas. En primer término, no puede partirse de un análisis simplista o formal, pues la contratación administrativa es una materia sumamente compleja que se desenvuelve en un entorno de cambios constantes, muchas veces con un ritmo vertiginoso. En efecto, el proceso de adquisición de bienes y servicios está inmerso y a la vez determinado por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables difícilmente pueden aprehenderse en la rigidez de una norma. Por esa razón, y tomando en cuenta que, como bien señaló la Procuraduría, los procedimientos de contratación tienen un carácter instrumental de frente a la satisfacción de los intereses públicos, nunca podrían verse convertidos en un fin en sí mismo, sino que deben conservar su naturaleza de simples medios para la consecución del fin superior. Bajo este razonamiento, cabe preguntarse entonces si es factible prever en un cuerpo normativo todos los posible motivos de excepción que en determinado momento pudieran requerir de un procedimiento como la contratación directa. La función de un tribunal constitucional, al que se le encomienda la labor de descubrir, aclarar y declarar el significado del ordenamiento primario del Estado, no puede desentenderse del entorno, y, en este caso, de las realidades y problemas que puede enfrentar el Estado en su actividad contractual. Esa perspectiva, claro está, debe guardar en justo equilibrio con la preservación y defensa de la supremacía Constitucional. De ahí que en esta difícil tarea de extraer el sentido lógico y espíritu de las normas constitucionales, éstas deben ser situadas en su contexto, pues de otra forma podrían llegar a convertirse en disposiciones de un carácter muy limitado o inoperante, de poca actualidad y que puede incluso llegar a impedir la satisfacción del interés público que debe perseguir el Estado. Volviendo al caso concreto, estima este Tribunal que en materia de las posibles excepciones que pueden ser incompatibles con los procesos concursales formales, difícilmente pueden ser previstas con un grado absoluto de taxatividad, como se pretende en la acción. Sin embargo, es también cierto que esa circunstancia no debe en modo alguno propiciar la violación al régimen consagrado en el artículo 182, permitiendo que la Administración en forma antojadiza se excepcione de éste aduciendo cualquier justificación. Como ya se vio, la jurisprudencia de este Tribunal se ha referido a la contratación directa como una forma contractual constitucionalmente válida, señalando que este régimen de excepción debe estar regulado en la legislación ordinaria sobre la materia, sea la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. En este sentido, es claro que es la ley la que debe establecer bajo qué condiciones la Administración puede excepcionarse de los procedimiento de concurso, como en efecto lo hace el artículo 2° de la actual Ley de Contratación Administrativa. Se contemplan en dicha norma hipótesis como la actividad ordinaria de la Administración –caso al que ya se han referido varias sentencias de esta Sala-, los acuerdos celebrados con otros Estados, entre sujetos de derecho público, proveedor único, escasa cuantía, razones de seguridad, urgencia apremiante, compras con fondos de caja chica, contrataciones para construcción o provisión de oficinas en el exterior, actividades excluidas de acuerdo con la ley o los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica. Valga señalar que este esfuerzo por contemplar de forma taxativa en el régimen legal las causales que dan lugar a una contratación directa, ciertamente imponen límites tendientes a evitar una eventual infracción del régimen constitucional que impone la licitación como regla en este campo. Sin embargo, no debe perderse de vista que la taxatividad per se no es una garantía absoluta de respeto al régimen, toda vez que la prescindencia de los procedimientos ordinarios queda librada a la responsabilidad exclusiva de la Administración (artículo 75.3 del Reglamento General de Contratación Administrativa), de modo que, en principio, no existe ningún mecanismo de control previo que permita determinar que no se ha desbordado el marco que establecen dichas excepciones. Como se dijo antes, un régimen de esta naturaleza difícilmente permite enumerar exhaustivamente todos los posibles supuestos en que el procedimiento de licitación no permite satisfacer el interés general o bien la contratación directa sea la única posibilidad de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Justamente en razón de esa necesaria flexibilidad que debe acompañar al régimen es que la propia ley se encargó de contemplar la hipótesis consagrada en el inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y 83 de su reglamento, normas que ahora se impugnan. Así, la autorización para que la Contraloría mediante resolución debidamente motivada autorice para contratar directamente en otros supuestos no previstos expresamente, es una facultad contemplada expresamente en la ley sobre la materia, y desarrollada en su respectivo reglamento. Se trata de una posibilidad limitada, que puede demandarse en ciertos casos muy concretos cuyos elementos y circunstancias no es posible preverlos a nivel de norma general. A juicio de la Sala, esta posibilidad no es en modo alguno ilimitada, infinita y carente de todo parámetro de control, y por ello seriamente lesivo al régimen constitucional de contratación, como se aduce al plantear la acción. Antes bien, el ejercicio de esa facultad se encuentran atada no sólo a los múltiples principios generales que se derivan del artículo 182 de la Constitución, según lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sala, sino también a las normas legales y reglamentarias que se encargan de delinear esta posibilidad. Es así como el artículo 75.2 del Reglamento de Contratación dispone expresamente que toda "la actividad contractual excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación deberá adaptarse en todos sus extremos a los principios generales, los requisitos previos, los derechos y obligaciones de las partes, los controles y el régimen general de prohibiciones y sanciones previstos en la Ley de Contratación Administrativa, y se encontrará sometida, en general, a la fiscalización superior por parte de la Contraloría General". Por ese elenco de razones, como bien afirma el Instituto Nacional de Seguros al rendir su informe, es más bien la finitud y residualidad lo que caracteriza esta posibilidad. Tanto los principios generales como las normas concretas del régimen de contratación –al contrario de lo que opina el accionante- impiden que la atribución de la Contraloría pueda ser ejercida en forma antojadiza, ilimitada o arbitraria. Pero aún más importante es la naturaleza y funciones que la Constitución le ha conferido a la Contraloría General de la República, como órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública, lo que hace de esta posibilidad, más que un riesgo, una garantía de frente al régimen constitucional en materia de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Sobre el particular ha dicho este Tribunal: "DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. (. . .) Como se indicó en los considerandos VII. y VIII. de esta sentencia, a éste órgano constitucional le corresponde, por disposición expresa de la Carta Política, ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a la Hacienda Pública, lo que consecuentemente implica, que directamente le conciernen, como parte de su competencia, los procedimientos de la contratación administrativa, como competencia contenida en lo dispuesto expresamente en los artículo 182 y 183 de la Constitución Política y en su Ley Orgánica, específicamente en los artículos 11, 12, 14, 17, 20, 25, 30 y 37 inciso 3)…" (resolución N° 998-98) De la relación de normas que cita esa sentencia, conviene hacer especial énfasis en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, cuyo texto dispone que tendrá la facultad, en materia de contratación administrativa, de intervenir de acuerdo con la ley, por lo que no podría afirmarse que la atribución otorgada en las normas impugnadas sea ajena a su esfera competencial. Por otra parte, en la resolución N° 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, referida al nuevo Código Municipal, en relación con los controles en materia de contratación administrativa, se dijo lo siguiente: "El cuarto gran principio se refiere al control que ejerce la Contraloría General de la República en la contratación administrativa; el cual constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se conforma el sistema, de manera tal que deriva directamente de lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, en tanto se trata del órgano constitucional encargado de la vigilancia de la hacienda pública, de manera que se constituye en la garantía de la correcta utilización de los fondos públicos, en aras de la satisfacción del interés público. Y en este sentido "[...] aún cuando no existiera normativa legal específica que desarrollara las competencias propias de esta institución -Contraloría General de la República-, la misma estaría legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, precisamente por estar basada su competencia en normas de rango constitucional" (sentencia número 0998-98, supra citada). Lógica consecuencia de lo anterior, es que mediante ley común no pueden rebajarse, disminuirse, suprimirse o atribuirse a otro órgano público las atribuciones propias del órgano contralor, de manera que la normativa en general tiene que reconocer estos principios, para no ser contraria a estos parámetros y valores constitucionales. La legitimidad y constitucionalidad de este control ha sido reconocido con anterioridad por este Tribunal, así, en sentencia 2398-91, de las quince horas veinte minutos del trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en que indicó: "En primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la Contratación Administrativa, corresponde a la Contraloría General, ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a los procedimientos de contratación administrativa"; y reafirmó en sentencia número 0998-98, supra citada: "[...] de manera que la Contraloría, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico -según se anotó anteriormente-, se encarga de ejercer un control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos públicos, que comprende las diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, control que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría, la actividad referente a la contratación administrativa, [...]". Voto 2660-2001.

Jurisprudencia Constitucional. Garantía de Cumplimiento. Ejecución asunto de legalidad. Omisión de ampliar garantía por parte del contratista.

En el fondo, el presente asunto, trata de la ejecución de una garantía de cumplimiento derivada de la Licitación Pública PU96-056, a fin de que la Caja se abasteciera de una cierta cantidad de frascos de plástico de polietileno serigrafiados, materia que según la jurisprudencia de esta Sala, constituye un asunto de mera legalidad que debe plantearse y discutirse no en esta jurisdicción pues la Sala no es competente para ello, ya que con ello no se lesiona derecho fundamental alguno. Así, en sentencia 845-95 de las quince horas cincuenta y un minutos del catorce de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y en lo que aquí interesa dispuso: "III.- Es reiterada la jurisprudencia de la Sala sobre la naturaleza de las relaciones que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de una licitación pública o contrato administrativo, las garantías otorgadas en ellos y del régimen que las regula. Así por ejemplo, en la sentencia N( 3563-93 de las diez horas del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y tres, se dijo: "La procedencia o no de la devolución de la garantía de cumplimiento a la representada del recurrente, constituye un conflicto de mera legalidad que por su naturaleza no debe ser discutido en esta sede sino en la contencioso administrativa respectiva, con arreglo a las estipulaciones contenidas en la contratación correspondiente, toda vez que con ello no se lesiona, en forma directa, derecho fundamental alguno de aquella, por lo que el recurso deviene en improcedente y así debe declararse." Y en la Sentencia N( 4974-94 de las catorce horas con cuarenta minutos del seis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro: "El hecho de que el apoderado de la recurrente estime que los demandados han incurrido en responsabilidad, pues según su entender fueron quienes incumplieron los términos del contrato de seguridad que se menciona, al rescindirlo de manera ilegal, constituye en la especie un asunto de mera legalidad que debe plantearse, discutirse y resolverse no en esta Jurisdicción -toda vez que con ello no se le lesiona derecho fundamental alguno-, sino en la vía administrativa o en la contenciosa administrativa conforme a la letra del contrato, por agotamiento de la fase anterior..." [...] Amén de ello, mediante oficio D.A.S.E.V.E. de 6 de julio de mil novecientos noventa y ocho, la entidad recurrida, previno a la empresa accionante, ampliar la garantía de cumplimiento correspondiente a la orden de compra 0260, con el fin de continuar con los trámites correspondientes sobre la misma, lo que no fue cumplido por la empresa [...], por lo que no puede alegar ahora, su representante ante esta jurisdicción, violación del derecho de defensa y debido proceso en contra de su representada, pues fue omiso en cuanto al cumplimiento de ampliar la garantía que se ejecuta en su contra por parte de la entidad recurrida. [...] Dada la abundante jurisprudencia en que lo relativo a incumplimientos derivados de las relaciones contractuales provenientes de una licitación pública, fondo de estas diligencias, y al no encontrar esta Sala, en la especie, motivos diferentes que justifiquen variar el criterio externado en la sentencia supracitada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. Voto 6077-1998.

Jurisprudencia Constitucional. Jurisdicción Constitucional no es competente para dirimir discrepancias que existan con lo que resuelve la Contraloría en materia de contratación administrativa.

Ciertamente, existen principios constitucionales que informan, y de manera muy decisiva, esta materia, pero no puede admitirse que las discrepancias con las que haya resuelto la Contraloría, deban ser dirimidas ante esta Sala, pues las incidencias y decisiones que se tomen en un procedimiento licitatorio han de ser conducidas a través de los mecanismos ordinarios previstos para ello, primero en sede administrativa y, eventualmente, en la jurisdicción contencioso administrativa que, como también lo ha declarado nuestra jurisprudencia, tiene asiento en la Constitución Política. Voto 05337-2001

Jurisprudencia Constitucional. Recurso de Objeción al Cartel. Irregularidades que se aleguen en contra del cartel de un procedimiento licitatorio son aspectos de legalidad que deben ser analizados a través de los mecanismos previstos en el procedimiento licitatorio, al no ser materia propia de la jurisdicción constitucional.

La Sala ha expuesto en varios de sus pronunciamientos (ver, por ejemplo, las resoluciones Nº 2110-94 y Nº 2251-94) que las anomalías o irregularidades que se aleguen en contra del cartel de un procedimiento licitatorio son aspectos de legalidad que deben ser analizados a través de los mecanismos previstos en el procedimiento, al no ser materia propia de la jurisdicción constitucional. El trámite del recurso de objeción al cartel regulado en la cláusula 2.10 del pliego de condiciones así como en los artículos 81, 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 87, 88 y 89 del Reglamento General de la citada ley, es el establecido en vía administrativa para reclamar las irregularidades que el recurrente impugna en este amparo. En consecuencia tanto en el cartel, como en el ordenamiento jurídico se regula el procedimiento de recurso de objeción al cartel mediante el cual cualquier interesado en el concurso puede recurrir el pliego de condiciones porque considere que contiene vicios de procedimiento o por estimar que sus estipulaciones limitan ilegítimamente la libertad de concurrencia o el principio de igualdad de oportunidades. En todo caso, el acto adjudicatorio puede ser atacado por el recurrente planteando los recursos de ley o finalmente interponiendo proceso judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, no correspondiendo a la jurisidicción constitucional resolver estos aspectos. Según consta en las pruebas aportadas al expediente, así como del informe dado bajo la fe de juramento por la autoridad recurrida que el recurrente presentó una gestión de objeción al cartel ante la Contraloría General de la República, mismo que fue rechazado por extemporáneo. Así, los aspectos que reclaman tanto el recurrente como su coadyuvante, en este recurso de amparo no sólo constituyen asuntos de legalidad, sino que ya fueron impugnados y resueltos en otra sede. En razón de lo cual procede rechazar de plano el recurso. Voto 5767-99

Jurisprudencia Constitucional. Sala Constitucional no es jerarca de la Contraloría General de la República.

En el presente caso, si bien el recurrente insiste en una violación en perjuicio de la amparada, de los principios constitucionales que informan la contratación administrativa, por parte de la Contraloría General de la República, ciertamente que asistimos –de nuevo- a una discrepancia sobre la interpretación y aplicación, en concreto, de esos principios. De tal manera, tal y como lo ha expresado la reiterada jurisprudencia constitucional, resulta imposible a la Sala convertirse en jerarca de la Contraloría General de la República en cada caso que se presente. Ha de tenerse presente, de toda forma, que no se trata tampoco de una interpretación o aplicación que pudiera calificarse como manifiestamente arbitraria, sino que, como se informa a la Sala sobre el particular, lo que sucedió fue que tanto la administración, como la Contraloría, al momento de elegir la oferta más favorable, tomaron en cuenta y evaluaron la capacidad financiera de los participantes, a la par de otros requisitos de carácter legal y técnico, tomando el pliego de condiciones como un todo. Si con ello efectivamente, las citadas autoridades se apartaron de lo estipulado por el propio cartel, y las consecuencias que consecuentemente han de darse, es materia que no corresponde analizarse en la sede del amparo, que es excepcional, procesal y materialmente hablando. De lo dicho, lo que procede es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone…".- Voto 5138-2002

Jurisprudencia Constitucional. Solicitud de Reajuste de Precios. Cosa Juzgada Material.

Alega la parte recurrente que los efectos de las violaciones constitucionales subsisten en el caso, por cuanto la autoridad recurrida nunca propuso una fórmula para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato que suscribió con la Caja Costarricense de Seguro Social. Por su parte, la autoridad recurrida informa a la Sala, bajo la fe del juramento, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sobre los hechos que dan base al recurso e indica que el problema suscitado entre la empresa recurrente se derivó de que precisamente no se presentó la documentación en su oportunidad, y dado que las peticiones no estuvieron conforme a la Ley de Administración Fianciera y su Reglamento de Contratación Administrativa vigente hasta el 31 de abril de 1996. Que los convenios que se suscribieron para reconocer los daños y perjuicios, fueron presentados a la Contraloría General de la República, todo lo cual se hizo, sinembargo, fue rechazado por esa entidad. Por último se indica que los recurrentes interpusieron proceso ordinario Contencioso Administrativo, ante el juzgado Contencioso Administrativo, siendo que las pretensiones ya fueron resueltas por sentencia número 717-98 de las ocho horas del veinticuatro de noviembre de 1998, existiendo cosa juzgada material sobre este asunto. Ciertamente, las violaciones a los derechos constitucionales y administrativos de que se quejan en el recurso los accionantes, ya fueron discutidas en una sede más plenaria que la que garantiza el recurso de amparo, a la luz de lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política. Según se evidencia de las copias del expediente judicial del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, las pretensiones a que se refieren los recurrentes fueron desestimadas por sentencia 717-98 de ese Despacho, quedando la misma firme toda vez que la apelación planteada fue rechazada por extemporánea. [...] Bajo estos supuestos la Sala estima que el recurso debe desestimarse, toda vez que la parte accionante acudió a la jurisdicción contencioso administrativa, el cual tiene raigambre constitucional en el artículo 49 de la Constitución Política, y en el que, en su oportunidad se discutieron los derechos constitucionales que ahora reclama en esta vía sumaria. De este modo, habiendo sido sus argumentos analizados por un Juez de la República, y existiendo cosa juzgada material en el caso, por cuanto el recurso de apelación planteado fue presentado a destiempo, como consta en los hechos probados de esta sentencia, no es procedente reabrir los plazos como pretende hacer, y lo procedente es declarar sin lugar el recurso. Voto 6494-2000.