PLAZO DE ENTREGA

 

Plazo de  entrega.  Indicado sólo por el Representante.

Por otra parte, en cuanto  al argumento referido a que  la firma oferente incumplió  con lo establecido en el pliego sobre el plazo de entrega,  debemos señalar que  en la plica  presentada por Medxim International Corp.,  no se indicó expresamente cuál era el plazo de entrega (Hecho Probado Nº 9).  Sin embargo,  sí existe una manifestación sobre este aspecto en la carta  de presentación de dicha oferta, donde Makol O.C.R., S.A.  manifestó:  “El plazo de Recepción es de  Cuarenta y Cinco  días naturales después de recibida la Orden de Compra, abierta y confirmada la  Carta de Crédito” (Hecho Probado Nº8)), nota  que se encuentra suscrita por  el Sr.  Alf  Rauff Richter, apoderado generalísimo de la  oferente, Medxim International Corp.,   por lo que  este Despacho estima  que no existe por ese sólo hecho alguna irregularidad que deba declararse. RSL 424-99 de las 10:30 horas del 29 de setiembre de 1999.

 

Plazo de entrega. Plazo irreal

En principio, tenemos que decir que sí, el plazo de entrega ofrecido por la adjudicataria es incierto, entre otras cosas, porque a este Despacho no se le ha demostrado que la confirmación de la carta de crédito se produce, indefectiblemente, en un plazo o término determinado, ni que “la orden de exoneración de impuestos debidamente aprobada” la recibirá este oferente en un plazo cierto,  que esté determinado en algún cuerpo normativo.  Hemos dicho  en el caso del cual se hizo líneas arriba una transcripción de la resolución respectiva,   respecto a la confirmación de cartas de crédito, que seguramente se trata de un plazo corto, pero no se puede decir, con plena certeza, si será uno, dos o más días.   En cuanto al tiempo que demandan  los trámites de rigor para iniciar (por parte de la Proveeduría) y obtener (de parte del Ministerio de Hacienda) la aprobación de una gestión de exoneración de pago de impuestos y comunicársela a la “adjudicataria” respectiva,  tampoco se nos ha demostrado que se realicen en un plazo cierto, determinado. Si la firma adjudicataria hubiese ofrecido su plazo de entrega a partir de la apertura de la carta de crédito, tal y como se solicitó en el cartel, sin hacer ninguna reserva en cuanto a trámites de confirmación de documentos de pago o de exoneración de impuestos u otros, estamos seguros que por el tiempo que esos trámites demandan, no hubiese ofrecido un día para la entrega de los vehículos que cotizó en esta licitación.  Hagamos otro razonamiento: la apelante ofreció 30 días naturales a partir de la firmeza, es decir, que transcurridos esos 30 días entregará los vehículos licitados, sin otra condición o reserva. Por su parte, la adjudicataria ofreció un día, pero un día después de que se confirme la carta de crédito; después de que se entreguen los documentos para exoneración; después de que se realice el trámite y apruebe la exoneración; y después de que se le entregue la orden de exoneración debidamente aprobada. De esta manera,  ese “día” de que habla la adjudicataria no es en realidad un día, sino que es un día después de la suma de todos los anteriores trámites y plazos.  Así las cosas, tenemos que la firma adjudicataria no solo incumplió el cartel, sino que excluye esos plazos de su plazo de entrega, lo que le permitiría -si admitiésemos sin restricciones tal forma de cotizar- obtener la mejor puntuación en ese aspecto, poniéndola a partir de la infracción al cartel en que incurrió,  en una situación de ventaja –indebida- respecto a la otra oferente. De esta manera, obligadamente, surge la interrogante esencial respecto a la cuestión planteada; ¿Cómo evaluar en un plano de igualdad a estos oferentes? La respuesta a tal interrogante, por lo que hemos visto, es que tal ejercicio solo sería posible realizarlo, en tanto sea factible determinar un plazo cierto (ya que no está determinado), a partir de la apertura de la carta de crédito, en que se deba realizar la entrega que propuso la adjudicataria.  En este sentido, insistimos en que al plazo de entrega ofrecido por la firma adjudicataria de un día, para poder evaluarlo en igualdad de condiciones frente al de la apelante,  se le tendría que  sumar, entre otros, el tiempo necesario para la confirmación de la carta de crédito  (tiempo que como ya dijimos no está  determinado), así como los días que se requieran para la entrega de los documentos de exoneración  y el plazo que le tome a la Administración Tributaria aprobar la exoneración de impuestos y comunicar la orden respectiva a la firma interesada (plazo también indeterminado), más los  días que ella señaló para entregar los vehículos al recibo de la orden de exoneración de impuestos debidamente confirmada,  cosa que,  nos parece, solo se podría  permitir en tanto  fuesen determinables esos plazos, en términos objetivos debidamente sustentados  en documentos emitidos por parte de las entidades pertinentes, plazos que no contempló la firma adjudicataria por la forma como ofreció realizar la entrega de lo que cotiza. De no ser factible determinar ese plazo, con el rigor que el caso amerita y  siempre  asumiendo  los términos que menos le favorezcan (para que no se diga que saca provecho de su error),  no se podría aceptar  “la aclaración del plazo de entrega de esta firma”, y en consecuencia se le debe descalificar del concurso, ya que de por medio está la inminente posibilidad de incurrir en un grave quebranto a los principios de igualdad de trato, de equidad y de invariabilidad de las ofertas. RSL 381-99 de las 14:00 horas del  2 de setiembre de 1999 .

 

Plazo de entrega.   Trascendencia.

Debe ser real y ejecutable.  Resulta necesario señalar que,  en cuanto al plazo de entrega, este Despacho ha manifestado que  “[...] el plazo de entrega, es decir, el plazo dentro del cual el oferente se compromete a cumplir con el objeto contractual es un aspecto relevante, tanto así, que está incluido en el artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que desarrolla el contenido mínimo del cartel, al contrario de las reglas que privan en la contratación privada, en donde bajo ciertas circunstancias el plazo se tiene como un elemento accidental, no esencial.” (RSL No. 164-99). A ello agregaríamos que “esencial” es su definición, es decir, no imaginamos un contrato administrativo en el cual se omita  el plazo dentro del cual se debe cumplir la prestación, sea que éste haya sido definido por la Administración o bien, por el oferente. El plazo de entrega además de ser un elemento que requiere estar definido con precisión, debe ser  “real” y “ejecutable”, pues de lo contrario el oferente, como futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas de la buena fe negocial. La Administración decidió calificar el plazo de entrega mediante un método proporcional, que confiere mayor puntaje a razón del menor plazo de entrega.  Ahora bien,  pese a que el factor de evaluación, el peso específico y el método de evaluación quedan a discreción de la Administración, es cierto también que el ejercicio de facultades discrecionales está sujeto a parámetros de razonabilidad, de manera que si el mismo sistema propicia su desnaturalización, debe la Administración tender a su corrección, en forma oficiosa si es advertida de ello. En tal sentido, la Administración debe ponerse especial cuidado en el método seleccionado, por cuanto pudiera ser que resulte abiertamente inconveniente para ponderar el factor seleccionado y el resultado final que arroje no sirva al interés público comprometido en la contratación.   En cuanto al plazo de entrega y la garantía de fabricación se refiere, resulta claro que la valoración proporcional no constituye el método más feliz, siendo más recomendable que se elaboren tablas de calificación escalonadas, donde la Administración establezca los límites mínimo y máximo que le interesa puntuar. En aras de conseguir un sistema de evaluación de pondere factores reales, es decir, que no se vean desvirtuados por ofrecimientos fuera del alcance de quienes los hacen, que no obstante ser sabedores de esa circunstancia, los formulan con el único afán de ganar puntaje.  Al efecto, remitimos a lo indicado en nuestras resoluciones Nº118-98 y 249-99 y a nuestro oficio Nº1390/99 (DGCA-154-99) del 11 de febrero de 1999. En el caso bajo examen, tenemos  que la fórmula  propuesta  por la Administración (regla de tres y mayor calificación al menor plazo) resulta inconveniente,  en virtud de la ausencia de un mínimo de plazo, lo cual permitiría a los participantes que dicha la fórmula puede ser utilizada de manera abusiva. Sin embargo, en cuanto a este aspecto tenemos que la Administración al atender la audiencia especial indicó que la entrega inmediata  se considerará en los ocho días naturales siguientes al retiro de la orden de compra (y otras reglas adicionales), siendo que ha quedado regulado en ocho días naturales el plazo mínimo de entrega, por lo que en ese sentido deberá modificar el pliego, así como incluir en este aparte, los puntos indicados en su memorial, con los cuales satisface las pretensiones de la recurrente en cuanto a los otras aspectos alegados. R-DAGJ-40-99 de las 9:00 horas del 25 de octubre de 1999.

 

Plazo de entrega. Aspecto esencial.

Requiere estar definido con precisión, debe ser ‘real’ y ‘ejecutable’. En los procedimientos de contratación pública, sostenemos que el plazo de entrega de los bienes o servicios es un aspecto esencial, que debe estar perfectamente definido,  por estar contemplado como un requisito mínimo del cartel (artículo 45.1.16 del Reglamento), por  seguridad jurídica y porque la Administración aspira a trabajar con tiempos programados. Asimismo, en cuanto al plazo, hemos manifestado que: “[...] ‘esencial’ es su definición, es decir que no imaginamos un contrato administrativo en el cual se omita el plazo dentro del cual se debe cumplir la prestación, sea que éste haya sido definido por la Administración o bien, por el oferente. El plazo de entrega además de ser un elemento que requiere estar definido con precisión, debe ser ‘real’ y ‘ejecutable’, pues de lo contrario el oferente, como futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de incumplimiento contractual  y como tal, contrariando las reglas de la buena fe negocial, principio rector en derecho civil de esta materia, por disposición de la Sala Constitucional en su voto número 998-98. Ahora bien, el afirmar que el plazo de entrega es un requisito esencial, no implica que éste deba ser siempre definido por la Administración, a modo de cláusula invariable, toda vez que ello depende del objeto contractual de que se trate. [...]“ (ver resolución 321-99).  En el presente caso, Auto Cori, Sociedad Anónima, cotizó como plazo de entrega medio día, desglosado así: una hora para la entrega de documentos a la Municipalidad y once horas para la nacionalización y entrega del equipo (ver hecho probado No.12).  Dicha propuesta no especifica si se trata de horas naturales o hábiles, ante lo cual se abren dos posibilidades: La primera, asumir que, como se alude a medio día, las doce horas son naturales, en cuyo caso, el vencimiento de la primera hora, prevista para la entrega de los documentos a la Municipalidad, vencería siempre en tiempo hábil,  pero en atención a  que el plazo corre a partir del día siguiente, las siguientes once horas de que dispondría esta firma para realizar la entrega siempre vencerían en hora inhábil para la Municipalidad; la otra alternativa es que se considere que se trata de horas  hábiles, atendiendo a que para cualquier gestión, se requiere que la Municipalidad esté abierta al público.  Adjudicar este concurso a partir de la primera de esas interpretaciones justifica plenamente anular el acto respectivo, básicamente por dos razones: la primera, porque de aceptar la Administración tal propuesta, se podría entender que ella se estaría comprometiendo a habilitar horas inhábiles para que ese  oferente pueda disponer del plazo de entrega que indicó en su plica; y segunda, porque ese oferente, al cual se le calificó su oferta en el factor plazo de entrega tomando en cuenta medio día, estaría sacando provecho de una forma de interpretar su ofrecimiento, que como dijimos, si se asume que equivale a once horas naturales, produciría esa inadmisible situación de concluir en horas inhábiles de la Municipalidad promotora de esta licitación.  Si vemos el ejercicio de ponderación efectuado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, notamos que al oferente que cotizó como plazo de entrega medio día (0.5), le corresponden treinta puntos  y a quien cotizó dos días, siete punto cincuenta puntos (ver hecho probado No.8).  Esto evidencia que, efectivamente, en la calificación hecha, la firma Auto Cori Sociedad Anónima  obtuvo una significativa ventaja de su forma de cotizar, que le valió que lo seleccionaran como adjudicataria de este concurso, razón por la cual, somos del criterio que para corregir tal estado de cosas, lo que procede es anular el acto de adjudicación así dictado y de cara a la readjudicación de este negocio, se pondere esta oferta interpretando  lo ofrecido por ella –en cuanto a plazo de entrega- de la manera menos favorable a sus intereses, medida con la cual se estaría impidiendo que quién cotizó en términos poco claros, saque ventaja de ello.  En este sentido, siguiendo la segunda alternativa  a que supra nos referimos, se debe considerar que se trata de días hábiles, de manera que  el plazo comenzaría a correr a las siete de la mañana y vencería hasta el día siguiente. Téngase en cuenta que sólo asumiendo que se trata de horas hábiles, sería ejecutable la entrega hasta la última  de las once horas señaladas como plazo  para la entrega de lo cotizado.  Esta definición es relevante porque si se trata de horas hábiles (conclusión lógica por lo que venimos de exponer), esta forma de interpretación nos lleva a resolver una contradicción, cual es que el plazo de cero punto cinco días, utilizado para valorar y comparar las ofertas es mucho menor del plazo que la oferente va a tener (como máximo) para ejecutar el contrato, obteniendo la interesada un puntaje a partir de una condición que se podría cumplir de manera distinta, violentando así el principio de igualdad entre oferentes.  Esta forma de resolver la cuestión planteada en el presente caso es coincidente con lo que dispusimos para un caso similar, que al resolverlo, entre otras cosas, dijimos: “...Asimismo, y en este orden de ideas, conviene también precisar que el proceder de [...] tampoco conllevaría su descalificación legal como oferente, por cuanto, en atención al principio de eficiencia (otro de los principios esenciales del procedimiento de contratación que ordena interpretar a favor de la conservación de la oferta), bien puede la Administración considerar elegible esa oferta, sin violentar el principio de igualdad, en la forma que lo hizo, siempre que en tal caso, se tomen para ser calificados aquellos plazos o datos que confieran la menor puntuación a este participante que no ofreció términos precisos, en otras palabras, que no le den una ventaja indebida...”. Expuestas las anteriores consideraciones, concluimos que el acto de adjudicación, en lo que a ésta línea se refiere, también se debe anular, para que la Administración, atendiendo a lo que hemos manifestado,  disponga lo que proceda sobre la readjudicación  de este concurso. RSL 385-99 de las 15:30 horas del 3 de setiembre de 1999.

 

Plazo de entrega. Exoneración de equipos no se cuenta.

Cartel dispuso exoneración de impuestos del equipo  por diez días hábiles.  Adjudicataria ofreció entrega del bien en un día. Cotización irreal. No obstante, la forma en que la Administración resuelve el punto evidencia una evidente contradicción de la oferta adjudicataria, con el cartel, que torna en imposible el cumplimiento del plazo de entrega y es que necesariamente debe realizarse un proceso de exoneración de los equipos que depende de la Municipalidad para el cual se ha reservado diez días hábiles. Si estos diez días hábiles son parte del plazo de entrega, hay una inconsistencia en la entrega de "un día" pues allí no se contempla el proceso de exoneración, el cual, por más expedito que se dé, tarda más de un día. Así las cosas, es imposible que la adjudicataria entregue el bien en "un día" si dentro de ese "día" debe contemplarse el proceso de exoneración. En consonancia con lo anterior, ha señalado este Órgano Contralor de modo reciente que "el plazo de entrega está sujeto a principio de Verdad Real o Material, lo que significa que ante la duda de su posibilidad de ser cumplido, la Administración tiene todas las facultades para recabar la información que sea necesaria hasta su convencimiento, desde la lógica y la razón, que el tiempo propuesto es real o verdadero. [...] Si el plazo de entrega es  irreal, es motivo suficiente para considerar a la oferta inelegible. Aunque el aspecto sea calificable, no basta con restarle los puntos dados a ese rubro y calificarla en los demás, pues si se ponderó con pocos puntos, existe una razonable posibilidad de que una oferta resulte adjudicada con un plazo incierto o imposible y que eso afecte el proceso posterior de ejecución contractual" (Cf: Resolución Nº R-DAGJ-158-99). De igual forma estima este Despacho que la propia recurrente adolece del mismo vicio que le imputa a la adjudicataria por cuanto, si bien es cierto ofreció un plazo de entrega de 10 días hábiles posteriores a la entrega de la orden de compra, no obstante haber ofrecido un plazo de entrega mayor que la adjudicataria, también incumple el cartel por cuanto la cláusula es clara al manifestar que en todo caso el tiempo empleado en el proceso de exoneración de impuestos, de importación y desalmacenaje del bien es estimado en diez días hábiles  los cuales  “se cuentan dentro del plazo de entrega ofrecido por el oferente”, con lo cual se debe interpretar que los oferentes debían ofrecer un plazo de entrega mayor de diez días hábiles, nunca igual o menor, o en su defecto, dentro de treinta días calendario máximo, que es el plazo establecido por el cartel para la entrega inmediata. Por consiguiente, al no ajustarse la recurrente al cartel del presente concurso, tampoco se le debe asignar el porcentaje del 10% establecido para el plazo de entrega. Corresponde aclarar que en la Resolución Nº380-99 se tuvo a esta firma recurrente como "legitimada" cuando se indicó que  "[...] si bien Distribuidora Yale, Sociedad Anónima, afirma que Auto Cori, Sociedad Anónima, carece de interés legítimo, lo cierto es que no aduce argumentos en contra de su oferta, lo que unido al hecho de que la Administración estimó ésta como elegible, concluimos que la recurrente cuenta con legitimación para cuestionar en esta sede el acto de adjudicación". En ese sentido es claro, en consonancia con lo que se señaló en el fondo de ese fallo sobre el plazo de entrega, que tal "legitimación" dependía, en lo fundamental, de la forma en que la Administración considerara el plazo de entrega, en cuyo caso "[...] la consecuencia no sería únicamente a nivel de puntaje, sino de elegibilidad de la propuesta". De frente a lo anterior, procede declarar sin lugar su recurso y anular, de oficio, el acto de adjudicación recurrido, al ser ambas ofertas inelegibles por haber incumplido un aspecto fundamental del cartel. R-DAGJ 169-99 de las 9:30 horas del 20 de diciembre de 1999.

 

Plazo de entrega.  Cláusula invariable. Entrega inmediata.

A ello agregaríamos que “esencial” es su definición, es decir que no imaginamos un contrato administrativo en el cual se omita  el plazo dentro del cual se debe cumplir la prestación, sea que éste haya sido definido por la Administración o bien, por el oferente. El plazo de entrega además de ser un elemento que requiere estar definido con precisión, debe ser  “real” y “ejecutable”, pues de lo contrario el oferente, como futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas de la buena fe negocial, principio rector en derecho civil y en esta materia, por disposición de la Sala Constitucional en su voto número 998-98. Ahora bien, el afirmar que el plazo de entrega es un requisito esencial, no implica que éste deba ser siempre definido por la Administración, a modo de cláusula invariable, toda vez que ello depende del objeto contractual de que se trate. Por ejemplo, si pensamos en la construcción de una obra civil, el plazo de ejecución, en el que inciden diversos factores como personal con que se cuente, maquinaria, condiciones climáticas y otros contratos que la empresa tenga en curso, probablemente quede a criterio del oferente y como tal reservado al sistema de calificación; pero si se trata de la compra de equipo de cómputo para superar la llegada del año dos mil, el plazo de entrega se convierte en un factor esencial, vista la urgencia de la Administración, probablemente estipulado en el cartel como plazo máximo de entrega y como una condición invariable. Cuando se trata de condiciones que por su importancia deben ser observadas por todos los participantes, nos enfrentamos con las llamadas cláusulas invariables, sea requisitos que los interesados deben necesariamente cumplir, a riesgo de resultar excluidos del concurso. Al respecto, hemos advertido que: “[...] ninguna característica técnica básica o cualquier otra cláusula invariable de aspectos trascendentes (por ejemplo, el plazo de entrega, documentos que demuestren determinadas características, como compatibilidad con determinado equipo con el software del que ya dispone la Administración), debe ser ponderable, en principio, por cuanto esas características técnicas forman parte del objeto contractual en sí que se licita. En el evento de que determinadas condiciones básicas del objeto licitado fueran objeto de ponderación, se podría caer en el sin sentido de que un oferente incumpla un aspecto básico –esencial- del objeto licitado y su única sanción sea la no obtención del puntaje reservado para ese aspecto o factor [...]” (ver oficio número 1390/99). Definir si el plazo de entrega debe incorporarse en el cartel como una cláusula invariable o dentro del sistema de calificación es un aspecto que compete exclusivamente a la Administración, de frente a su necesidad y al objeto contractual de que se trate. No obstante, si la Administración decide calificar el plazo de entrega en un negocio determinado, debe hacerlo de tal forma que impida a los potenciales oferentes utilizar de manera abusiva el mecanismo, en aras de obtener el máximo puntaje. Para ello, la Administración debe definir un plazo mínimo de entrega (cuando no se utilice la modalidad de cláusula invariable)  llámese “inmediata” o de cualquier forma, máxime si decide utilizar la conocida regla de tres para otorgar el puntaje. Esto lo decimos, porque se han dado casos en los cuales participantes han ofrecido “un segundo” como plazo de entrega,  irrespetando con ello la finalidad del procedimiento, cual es escoger la mejor oferta, dentro de las legal y técnicamente elegibles, obviamente distorsionando todo el sistema de calificación. En este sentido, hemos indicado que: “Esta razón o motivo que aduce la entidad licitante para excluir del concurso a la oferta que propone un segundo como plazo de entrega de los equipos cotizados, la juzgamos consistente y por ende de recibo. La posición que en este sentido asume la Administración es muy seria y responsable; por consiguiente, estimamos que lleva razón la Administración licitante, al señalar que la recurrente ofreció un plazo irreal y por ende, ese motivo por sí sólo, resulta suficiente para declarar su oferta inelegible en el concurso que nos ocupa, en cuanto a los ítemes recurridos y por ende carece de interés legítimo para apelar” (ver RSL 249-99). En otras ocasiones se ha llegado también a ofrecer como plazo de entrega cero días naturales, propuesta que hemos calificado de inelegible (ver RSL 118-98). En este caso, tal parece que para la Administración no es urgente comprar los vehículos institucionales y que puede ajustarse a los plazos normales  que consumen los trámites de compra y aduaneros, por lo que una fórmula como la propuesta por la objetante (regla de tres y mayor calificación al menor plazo)  no resultaría la más conveniente, aparte de que ante la ausencia de un mínimo de plazo, la fórmula puede ser utilizada de manera abusiva, según lo comentado líneas atrás. Por otro lado, como para la Administración una entrega en días no es tan importante y como algunas empresas tendrían que importar los vehículos (trámite que consume un tiempo razonable) no consideramos que el plazo de treinta días naturales (como término máximo para obtener el puntaje completo) sea inconveniente, mucho menos ilegal, aún cuando en primera instancia una entrega “inmediata” haga pensar en un plazo más corto, lo que en definitiva depende del bien y sus características.  Tratándose de “entrega inmediata” lo esencial es que la Administración la regule en el cartel, vista la omisión a nivel legal y reglamentario. RSL 321-99 de las 12:00 horas del 3 de agosto de 1999.

 

Plazo de entrega. Cláusula invariable. Oferente omitió señalarlo.

En cuanto a la omisión del plazo de entrega, estima este Despacho que el recurso es manifiestamente improcedente, por cuanto en el caso bajo examen, ese extremo fue un punto fijado expresamente por el cartel, de frente al cual se requería la simple adhesión del oferente, adhesión que podría ser explícita como en el caso de la adjudicataria o bien, tácita, si nada se hubiera expresado, por el carácter de esa cláusula invariable de la condición.  De ese modo, siempre que una determinada cláusula del pliego tenga el carácter de cláusula invariable, por el sólo hecho de presentar la oferta, se entiende aceptada por el oferente, de donde, aún en caso de omisión expresa de esa adherencia en la oferta, se entiende cumplida por quien somete la oferta. RSL 323-99 de las 15:00 horas del 3 de agosto de 1999.

 

Plazo de entrega. Caso entrega inmediata, plazo incierto.

De lo que se ha transcrito hasta aquí, y que conlleva una recopilación de lo más fundamental que ha dicho este Órgano Contralor en materia de "plazo de entrega", podemos hacer una serie de conclusiones que nos facilitarán resolver el caso presente. Así: 1) Durante el tiempo establecido para el "plazo de entrega", la obligación no puede ser exigida anticipadamente, bajo la premisa de derecho general de que "el que tiene plazo nada debe". 2) Hasta que el "plazo de entrega" no haya transcurrido, no se puede hablar de mora por parte del deudor o contratista, para todos los efectos derivados de esa circunstancia, como cómputo de multas y ejecución de garantías. 3) Salvo que el cartel, por razones de interés y conveniencia institucional —tales como planificación de inventarios—, el plazo de entrega corre a favor del deudor o contratista, por lo que éste podría entregar antes del tiempo convenido y la Administración  estaría en la obligación de aceptarlo. Este principio no sería de aplicación a aquellas obligaciones de plazo esencial. Como lo señala alguna doctrina, "el deudor no puede renunciar al plazo si la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. El plazo estaba establecido en beneficio de ambas partes, y de ahí que el deudor no pueda renunciarlo por sí solo, como si por ejemplo una persona tiene que alejarse de la ciudad por dos meses da en comodato su vehículo por este término a otra. El plazo beneficia a ambas partes: al comodatario que podrá usar el vehículo durante la ausencia del comodante y a éste también, porque si aquél pretendiera devolverle anticipadamente el vehículo le causaría un perjuicio que justamente con el contrato quiso evitar. En semejante situación, el deudor no puede renunciar por sí solo al plazo" (ABELIUK René, Las Obligaciones, Tomo I, Ed. Temis, 3ª ed. 1993, Santiago de Chile, página 378). 4) A falta de norma reglamentaria que regule la situación, el pliego de condiciones puede definir qué entiende la Administración interesada por “entrega inmediata”, y esta regulación resulta de suma importancia para efectos de valorar las ofertas. De conformidad con lo anterior, ante el silencio, el término “entrega inmediata” debe entenderse literalmente, según su significado etimológico, es decir, como la entrega que se ofrece para hacerla de inmediato, de seguido, sin tardanza o demora, sin que medie otro plazo. En este supuesto, y cuando el plazo de entrega sea valorable, existe un vació normativo que debería completar el cartel, sobre la unidad a utilizar para evaluar ese plazo. 5) Resulta conveniente que en el cartel se definan las particularidades de cada caso, o que vía reglamento interno de la Administración interesada se establezcan los diferentes supuestos que pueden darse en relación con la entrega inmediata, sea de ofertas en plaza u ofertas de importación, por ejemplo. 6) El plazo "cero días" es indeterminado y no permite una adjudicación a favor de una oferta que así lo estipula. Por otra parte, la Administración no puede incorporar valores distintos a los señalados en la oferta, de manera antojadiza. 7) Si el plazo de entrega es objeto de ponderación relevante, esa importancia debe quedar  correlativamente asegurada con el establecimiento de una cláusula penal que sancione su eventual incumplimiento, toda vez que la ausencia de sanciones podría fomentar una conducta irresponsable de parte de quien se limite a formular un plazo de entrega con el único afán de ganar determinado puntaje, a sabiendas de que no va a poder cumplir con él (ver Oficio Nº13793 del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve —DAGJ-423-99—) 8) En el caso en que la Administración lo deje a la libre indicación del participante, el plazo de entrega ofertado por él debe ser de cumplimiento posible, en función de las circunstancias propias del objeto licitado. 9) El cómputo del plazo de entrega se daría a partir del día siguiente a aquel en el que el acto adquiera firmeza, o bien, al día siguiente del recibo de la orden de compra (según la opción que establezca el cartel). 10) En la fase de ejecución contractual, en el cómputo del plazo de entrega, se deben descontar aquellos días que necesitará la Administración para efectuar trámites propios que son su responsabilidad, por ejemplo, notas de exoneración. En términos jurídicos, el plazo se "suspende" y debe correr de nuevo desde el momento en que se suspendió, cuando el contratista ya esté en posibilidades de continuar con la ejecución. 11) Se debe diferenciar el plazo de entrega en los contratos de suministros, con el plazo de ejecución en los contratos de obra o de prestación de servicios. La diferencia fundamental radica en que todos los contratos en general pueden depender de un plazo inicial antes de su ejecución, pero la ejecución misma puede ser inmediata (entrega de la cosa) o continuada a través del tiempo, hasta su finalización (período que dura la prestación del servicio o la construcción de la obra). Hechas las salvedades de cada caso, los principios generales que rigen el plazo de entrega de suministros, aplican a los plazos de ejecución de contratos de obra o servicios. 12) El plazo de entrega está sujeto a principio de Verdad Real o Material, lo que significa que ante la duda de su posibilidad de ser cumplido, la Administración tiene todas las facultades para recabar la información que sea necesaria hasta su convencimiento, desde la lógica y la razón, de que el tiempo propuesto es real o verdadero. 13) Si el plazo de entrega es  irreal, es motivo suficiente para considerar a la oferta inelegible. Aunque el aspecto sea calificable, no basta con restarle los puntos dados a ese rubro y calificarla en los demás, pues si se ponderó con pocos puntos, existe una razonable posibilidad de que una oferta resulte adjudicada con un plazo incierto o imposible y que eso afecte el proceso posterior de ejecución contractual. R-DAGJ-158-99 de las 15:00 horas del 14 de diciembre de 1999.

 

Plazo de entrega.  Condicionado el conteo.

Sobre el punto en discusión,  el cartel de este concurso estableció  que el plazo de entrega debía ser, como máximo 60 días naturales después de notificado  que se encuentra  a disposición la orden de compra (Hecho Probado Nº 6)).  La empresa  Makol O.C.R.,  S.A.,  en   la información que suministró a la Entidad licitante, señaló  como plazo de entrega  “Cuarenta y Cinco  días naturales después de recibida la Orden de Compra, abierta y confirmada la  Carta de Crédito” (El subrayado es nuestro) (Hecho Probado Nº 8)), de donde puede concluirse  que, si bien es cierto  el plazo  consignado es menor al máximo señalado en el pliego,  también es cierto que  ese plazo  se contaría, según lo pretende la empresa apelante, a partir de  un momento que no corresponde a  aquel  que  claramente  definió la Caja  en el pliego de condiciones de este concurso, a saber,  “al día posterior a la notificación que realice la Administración sobre la disponibilidad para retirar la orden de compra.” (Hechos Probados  Nº 5 y 6)).  De este modo,  al quedar condicionado  el conteo del plazo respectivo,  a  la fecha de retiro de la orden de compra, se podría  manipular  el   retiro  de ese documento, siendo entonces indeterminable cuál será ese  momento.  Además, según lo visto,  se incorpora en la oferta  una condición adicional, no autorizada por el cartel,  como uno de   los hechos que configurarían el inicio del conteo del plazo, la apertura y confirmación de la carta de crédito,  lo cual  lleva también  un lapso de tiempo adicional.  Así las cosas, tenemos que en el  caso examinado,   la oferta de la recurrente contiene un  incumplimiento a las condiciones del cartel,  ya que se modifican en forma unilateral cláusulas invariables establecidas por la Administración,  que aluden a un aspecto significativo de este concurso,  cual  es  el momento a partir del cual se computa el  plazo de entrega. En consecuencia, el plazo de entrega cotizado, contiene condicionamientos importantes respecto de lo requerido en el cartel y  su aceptación constituiría  una flagrante violación al los principios rectores de la materia, especialmente el principio de igualdad de trato,  de  frente a los demás participantes que  se ajustaron a estas normas de carácter obligatorio.  No  se asegura, con esta forma de  consignar el plazo de entrega,  que éste no  sobrepasará el límite máximo de 60 días naturales  señalado en el  pliego.   En razón de lo analizado,  considera este Despacho  que la oferta posee un vicio  de trascendencia tal, que la hace inelegible en  este  negocio. RSL 424-99 de las 10:30 horas del 29 de setiembre de 1999.