Servicios Profesionales

1.      Servicios Profesionales. No es para necesidades continuas y permanentes

La contratación administrativa de servicios, por su naturaleza y fines, debe estar referida a un objeto que no implique relación de subordinación jurídica laboral. De este modo, por la vía de la contratación administrativa no es procedente que se lleven a cabo contrataciones para atender necesidades en el campo de los servicios profesionales, que sean continuas y permanentes, ya que necesidades de este tipo corresponde atenderlas mediante el establecimiento de una relación jurídica laboral.  La contratación administrativa de servicios, entonces no la podemos concebir como un mecanismo menos gravoso para el Estado, de lo que es el contrato laboral.(cf:  oficios 11353-96 y 10507-96). Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

2.      Servicios Profesionales. Trabajos independientes

[...] la contratación administrativa de servicios profesionales se concibe como el medio legal idóneo para atender necesidades que tengan el carácter de ocasionales, que estén referidas a un objeto específico.  En este sentido, tampoco podemos admitir fraccionamientos de contrataciones que por su propia naturaleza o prestación pudieran haberse promovido mediante un sólo procedimiento; esto es, contratos efectuados por “etapas” que bien pudieran haber sido contratadas en un sólo momento, fraccionadas con el único fin de evadir el procedimiento de contratación que corresponda.  Es oportuno aquí  hacer  una  reflexión  muy  seria sobre el planeamiento y los objetivos de trabajo institucionales, según lo cual, se deben establecer ámbitos concretos de acción.  Así,  lo visto como trabajos independientes -que tienden todos a lograr el mismo fin último- deberían estar siendo visualizados como objetivos particulares y concretos de una única misión. Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

3.      Servicios Profesionales. Fraude laboral

La contratación administrativa no puede prestarse para el “fraude laboral”, esto es, como un mecanismo que encubra una relación de empleo público.  Insistimos que su objeto contractual debe ser específico, esto es, referirse a una necesidad administrativa puntual, susceptible de ser verificada en el cumplimiento de las obligaciones y derechos asumidos previamente.  En cuanto a su fase de preparación, selección y adjudicación se deben de seguir los procedimientos y normas que al efecto prevé la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General. Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

4.      Servicios Profesionales. Contratación de asesores tiene un límite

En el caso particular de la contratación de asesores de los niveles institucionales superiores, éstos tienen un régimen de nombramiento, renumeración y número de plazas, especialmente previsto en el Decreto Ejecutivo Nº20183-H publicado en La Gaceta Nº17 de 24 de enero de 1991 (Reglamento para la determinación de puestos de confianza del Sector Público Descentralizado), por lo que por vía de contratación administrativa resulta absolutamente improcedente que se amplíe su número, no sólo porque resulta  incompatible con un régimen de contratación administrativa, sino por que por esta vía, las administraciones públicas están inhibidas de exceder el número de “asesores” o “consultores” (como se le denomina en este caso sometido a examen) que expresamente tiene previsto el Decreto Ejecutivo citado. Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

5.      Servicios Profesionales. Asesoramiento permanente

En el caso bajo examen, la petición del informe de labores refleja que el señor [...] se le han encargado las más variadas labores vinculadas con el quehacer administrativo de la institución que usted preside:  desde la intervención en el área de recursos humanos, en el área financiera y de informática (cuyos documentos anexa a su gestión).  Sin embargo, en todos los casos, el carácter de esas tareas carece de las características propias de un objeto susceptible de ser contratado por esta vía, o por lo menos, de que siga contando con la anuencia de este Despacho, visto su carácter genérico, propio más bien, de una relación de “asesoramiento permanente” y no de una consultoría, que está referida a un objeto predeterminado, específico y verificable, sobre el cual, distintos interesados podrían estar en pie de igualdad para formular ofertas, tanto en términos de demostrar su aptitud profesional para realizarlo (idoneidad), como en términos de su costo para la Administración interesada. Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

6.      Servicios Profesionales. Criterios a considerar

[...] este Despacho estima conveniente llamar la atención del órgano interno de control, así como de la asesoría legal de ese Instituto, para que cuando los contratos de servicios estén referidos a “asesorías” o contratos de servicios profesionales,  apliquen especial cuidado en revisar que el objeto sea susceptible de ser contratado administrativamente, en razón de  su especificidad, verificabilidad de sus resultados y razonabilidad del precio pagado. En estos casos, cabe señalar que deberán seguirse las normas de contratación administrativa en la fase de preparación, selección y adjudicación del contrato, conforme a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento General. Oficio 3984 de 1 de abril de 1997 (DGCA-414-97)

7.      Servicios Profesionales. Creación de plazas

En relación con el tema que interesa, este Organo Contralor ha indicado, con fundamento en lo previsto en el numeral 67, de la Ley de Contratación Administrativa, que la Administración “puede contratar los servicios de notarios, abogados, peritos y otros profesionales mediante el pago de un salario, en cuyo caso claramente se dispone que no se aplicará el arancel de honorarios y que el usuario no deberá pagar por esos servicios.”  Ahora bien, esa disposición, no puede verse en forma aislada, sino en conjunto con otras normas, como el artículo 80 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº7097, que dispuso la necesidad de contar con la anuencia de la Autoridad Presupuestaria para la creación de nuevas plazas, de suerte que “dado que la ley (de Contratación Administrativa) no modifica ni deroga expresamente el citado artículo 80, las entidades sujetas al ámbito de competencia de la Autoridad Presupuestaria deberán previamente requerir la autorización de ese Organo para la creación de nuevas plazas profesionales a remunerar con sueldo fijo...”. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

8.      Servicios Profesionales. A sueldo fijo

En razón de que esa Institución se propone la contratación de servicios, no por la vía de sueldo fijo, dispuesta en el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa, sino por el sistema de pago de honorarios profesionales tasados por el Colegio respectivo, somos del criterio que correspondería analizar si la contratación propuesta es susceptible de contratarse administrativamente. En relación con este particular, debemos indicarle que, en forma reiterada, este Despacho ha dispuesto que la contratación administrativa no es procedente para la contratación de servicios permanentes que impliquen relación de subordinación jurídico laboral. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

9.      Servicios Profesionales. Necesidades permanentes

Sobre el particular, tenemos que el artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa establece que la contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de empleo público, entre la Administración y el contratista, salvo en el caso de que la entidad contrate a los profesionales con sueldo fijo, utilizando su régimen ordinario de nombramiento, en cuyo caso sobra indicar que debe existir la respectiva plaza.  En relación con este aspecto cabe citar lo señalado por este Despacho, mediante oficio Nº2382/93, en tanto se mencionó que tratándose de necesidades permanentes, los órganos jurisdiccionales han asimilado las contrataciones celebradas con base en los procedimientos de contratación administrativa a un contrato de naturaleza laboral. Este criterio vertido al amparo de la  anterior legislación, mantiene su vigencia, pues la nueva Ley de Contratación Administrativa lo único que hace es determinar que el procedimiento a utilizar para la contratación administrativa de servicios o profesionales será definido estrictamente con base en el monto, pero no habilita la contratación con personas físicas para cubrir necesidades permanentes, toda vez que es claro que requerimientos de esta naturaleza son susceptibles de generar una relación de empleo público. Oficio 12674 de 13 de octubre de 1997 (DGCA-1344-97)

10.  Servicios Profesionales. No debe implicar relación de subordinación

La contratación administrativa de servicios, por su naturaleza y fines debe estar referida a un objeto que no implique relación de subordinación jurídica laboral con la Administración; de manera que resulta improcedente para atender necesidades continuas y permanentes de la Administración, por personas físicas bajo su cargo. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

11.  Servicios Profesionales. Requiere de resultados concretos

La contratación administrativa de servicios profesionales se concibe como el medio legal idóneo para atender necesidades de carácter ocasional, que por su especificidad, permiten verificar el ajuste de sus resultados con las especificaciones del cartel y en general, con las condiciones previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como de la oferta.  Las contrataciones de servicios profesionales  requieren de resultados concretos, tales como diseños, informes, encuestas, etc.; no están referidas a informes genéricos de labores, propios de una relación jurídico-laboral de empleo público. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

12.  Servicios Profesionales. A sueldo fijo requiere de plaza

La contratación de servicios profesionales de carácter permanente, a sueldo fijo, por vía de la contratación administrativa, procede con carácter de excepción, bajo los supuestos contemplados en el numeral 67 de la Ley de Contratación Administrativa.  En este caso, la entidad debe cumplir con las disposiciones pertinentes de selección y nombramiento de sus funcionarios y disponer de la respectiva plaza. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

13.  Servicios profesionales. Recontratación de exempleados

En relación con el caso específico sometido a examen, observamos que los profesionales en ingeniería que el Consejo de Seguridad Vial pretende contratar nuevamente ejercen sus funciones bajo una relación de subordinación con ese Consejo, y para cubrir necesidades de carácter permanente, por lo que, en estos supuestos, la contratación administrativa, como hemos indicado resulta improcedente, salvo que la Administración aplique el artículo 67, de la Ley de Contratación Administrativa, que permite la contratación de servicios profesionales, a sueldo fijo, en los términos en que ya ha  estipulado este Despacho. Oficio 0533 de 21 de enero de 1998 (DGCA 72-98)

14.  Servicios Profesionales. Contratados a sueldo fijo y no por tarifa

Es necesario tener presente que el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa es precisamente una excepción al artículo 64. Por ello, los servicios profesionales se contratarán siguiendo los procedimientos de acuerdo con el monto estimado respectivo.  Ahora bien, conviene tomar en cuenta que la ley misma ha previsto que las relaciones de empleo no se someten a su tutela (artículo 2).  Por ello, todo lo referente a la materia laboral se regirá primordialmente por el régimen estatutario respectivo, por el Código de Trabajo y por las leyes conexas y principios de esa rama del derecho.  Así las cosas, es necesario interpretar que la intención del legislador al establecer la norma del artículo 67, no fue modificar en sí el régimen laboral de la Administración Pública. En nuestro criterio, la inteligencia de este articulo viene de otro contexto.  Nótese de una lectura cuidadosa, que se evidencia que es una norma muy apegada -sin ser excluyente- a la rama del derecho, profesión para la cual se adujo que los notarios públicos tenían prohibición de contratar sus servicios a ‘sueldo fijo’, cuestión que quedó resuelta por esta disposición.  Así las cosas, es más oportuno señalar que esta regulación lo que pretende es abrir la posibilidad de contratar a ‘sueldo fijo’ a cualquier profesional que hasta este momento se considera que tenía en su respectivo campo prohibición para ello, como se establecía, repetimos, en el caso de los notarios públicos. Oficio Nº10507 de 30 de agosto de 1996(DGCA-1128-96)

15.  Servicios Profesionales. Exempleado contratado por razones de "seguridad"

De ahí que no compartamos el criterio de la asesoría legal en el sentido de que el artículo 79.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa sea el asidero legal para contratar al señor Odio, por cuanto el espíritu de esa norma al prever la existencia de seguridades calificadas, se refiere más bien a supuestos totalmente distintos, entre los que se pueden considerar, a manera de ejemplo, la adquisición de armamento de especiales características o contratar la confección e impresión de papel moneda o especies fiscales. Como vemos, la contratación de asesores (puestos de confianza) tienen un régimen especial para el sector descentralizado, regulado en el reglamento citado en el oficio arriba transcrito, de manera que la determinación de si al caso concreto aplica lo dispuesto en esa normativa, será una decisión que debe recaer en el seno de esa Administración, la cual asumirá la responsabilidad que corresponda. Aparte de lo anterior, reiteramos que por la vía de la contratación administrativa no es procedente que se lleven a cabo contrataciones para atender necesidades en el campo de los servicios profesionales que sea continuas y permanentes, ya que necesidades de este tipo corresponde atenderlas mediante el establecimiento de una relación jurídico laboral.  La contratación administrativa de servicios profesionales, entonces, no la podemos concebir como un mecanismo menos gravoso para el Estado, de lo que es el contrato laboral (ver oficios 1353-96 y 10507-96). En conclusión, tenemos que si las funciones que realizaba el señor Odio González continuan siendo indispensables para el funcionamiento y desarrollo de la Institución, pareciera que lo que procede es que se nombre a un nuevo funcionario en el puesto dejado por el ex subgerente, dando pie a una relación de índole laboral para suplir esas necesidades.  Es claro que el señor Odio no puede ser contratado nuevamente mediante una relación de este tipo (salvo que se acoga a lo que disponen los artículos 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 569, inciso b) del Código de Trabajo), y también que la contratación administrativa no procede para contratar asesores, razón por la cual este despacho considera que la contratación realizada bajo el amparo del artículo 79.2 trasgrede lo que el legislador pretendió regular mediante esta norma, y por consiguiente no puede tenerse como el fundamento legal para contratar la asesoría reiterada. Oficio 9438 de 1 de agosto de 1997 (DGCA 975-97)