Contraloría General de la República
Costa Rica 
San José, Costa Rica.
     
   

Dedicación Exclusiva

 

Dedicación exclusiva e incompatibilidad.

En el oficio OJ-OO3-97 del 16 de enero de 1997, la Procuraduría General de la República ha señalado lo siguiente en relación con la dedicación exclusiva: "IV.- PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA SOBRE LA DEDICACION EXCLUSIVA Sobre este tema existen múltiples dictámenes, pero por su generalidad, se ha seleccionado el siguiente: 'De las normas comentadas y transcritas parcialmente surge la naturaleza u origen de la 'dedicación exclusiva' como un convenio bilateral en la que una parte (el servidor público) se compromete a no ejercer en forma particular ninguna profesión, con las excepciones que el propio reglamento contiene y que no es del caso comentar; en tanto que el reparto administrativo se compromete a cambio de esa obligación que adquiere su funcionario público, a retribuirle en forma adicional con un porcentaje sobre el salario base. Es, en consecuencia, la concurrencia de dos voluntades la que origina el pago adicional al salario por concepto de dedicación exclusiva, originando un acto que si bien administrativo en sentido genérico, en estricto derecho -por su carácter bilateral- se conceptúa como un contrato en el que ambas partes adquieren obligaciones y derechos'. (Pronunciamiento C-193-86 de 21 de julio de 1986, reiterado por el C-188-91 de 27 de noviembre de 1991) Tal y como se desprende de lo expuesto en los citados dictámenes, la característica principal de la dedicación exclusiva es su naturaleza consensual. V.- JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DISTINCION ENTRE DEDICACION EXCLUSIVA E INCOMPATIBILIDAD. ..mediante el régimen de dedicación exclusiva la Administración pretende por razones de interés público contar con una personal dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y más eficientemente, contrata con el funcionario de nivel profesional sus servicios exclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión en mayor o menor compensación salarial que el Estado le entrega a cambio de la Prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el servidor evalúa la situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si a su vez ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o continuar ejerciendo libremente su profesión. [...] La razonabilidad del régimen de dedicación exclusiva, en la forma en que lo define la norma impugnada, resulta entonces de su naturaleza contractual o convencional, que confiere al funcionario la posibilidad de solicitarla o renunciarla según su conveniencia'. (Votos 2312-95 de 09 de mayo de 1995 y 4160-95 de 28 de julio de 1995)". (El destacado no es del original) De las citas expuestas se desprende en primer término, que el pago por dedicación exclusiva está fundamentado en un contrato entre el empleador y sus funcionarios, el cual sólo es posible en el tanto existan efectivamente las contraprestaciones que cada parte ofrece, es decir, el hecho de que el servidor no desempeñe su profesión y por ello deje de percibir ingresos, o bien, deje de obtener experiencia en un campo distinto al de la Administración Pública, es lo que obliga al patrono a retribuir la dedicación exclusiva de ese funcionario hacia la institución. En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, un funcionario que no reúne las condiciones mínimas para ejercer una profesión -según los requerimientos del artículo 3 del reglamento en comentario-, no puede solicitar el pago de dedicación exclusiva si de todas formas no cuenta con el aprendizaje y demás requisitos legales, que le permitirían desempeñarse liberalmente en una profesión. Sobre este aspecto, también nuestros tribunales han sido claros, y se han pronunciado sobre la dedicación exclusiva en varias oportunidades: "Puede afirmarse, entonces, que la dedicación exclusiva se paga con la finalidad de que un profesional no ejercite la carrera que tiene en forma particular, sino más bien que ponga sus - conocimientos académicos, luego de obtener la graduación universitaria, al servicio de la institución que lo emplea, con la particularidad de que no es de ; carácter general sino, es una opción del trabajador, pero dependiente de las posibilidades económicas de las instituciones públicas. De conformidad con lo que se ha expuesto, es criterio de este Tribunal que si los accionantes no son profesionales, no pueden pretender el reconocimiento del derecho reclamado en sede declarativa, pues si así se hiciere estarían obteniendo una mejora de tipo salarial y social, lo que es competencia de un conflicto económico y social, más no de uno jurídico, porque precisamente carecen ; del elemento jurídico de admisibilidad, cual es poseer un título profesional". , (Resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, No. 737 de las 15:00 horas del 28 de agosto de 1991). A su vez, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señaló en lo conducente: "[...] 'al no existir norma alguna que autorizara el reconocimiento del referido beneficio salarial, no estaba dentro de las atribuciones de la Corte otorgar éste, y al hacer lo dictó actos en clara contravención al ordenamiento jurídico.. .'. Finalmente, en el caso concreto del actor, ese dictamen señaló: '...a pesar de que el señor [...] cuenta con un título de Ingeniero civil de la Universidad -Politécnico de Timisoara- de la República Socialista Rumana (según consta en los folios 209, 216 Y 217 del respectivo expediente administrativo), tal título no ha sido reconocido por el o los organismos nacionales a quienes la ley otorga esa competencia. Por consiguiente, dicho servidor tampoco ostenta la condición de "profesional o egresado" de una carrera universitaria, lo que, según se expuso, es un requisito sine qua non exigido por el numeral 01 de la ley No. 6451 de 01 de agosto de 1980 para poder eventualmente obtener el beneficio allí establecido. De lo anterior se desprende, además, que dicho funcionario tampoco podría quedar impedido para "ejercer la profesión" –lo cual es otro de los supuestos para la aplicación de la referida ley- por la simple razón de que solo pueden ejercerla las personas legalmente autorizadas para ello. Con fundamento en ese informe, la Corte Plena declaró la nulidad absoluta del Acuerdo tomado en Sesión del 04 de agosto de 1986 -artículo XXVIII'. [...] De manera que, en criterio de la Sala, al operar en el caso concreto del actor, únicamente la aplicación de la Ley No. 6451, de 01 de agosto de 1980, en cuanto solicitó acogerse al régimen de "dedicación absoluta o exclusiva", instaurado por esa normativa, en principio, solo procedía el pago del sobresueldo por ese extremo, como una retribución por dedicarse absolutamente a su patrono o, en otras palabras, por poner sus conocimientos y experiencia profesionales al servicio de un único patrono o persona; en el entendido, de que, de conformidad con la Ley, estuviese facu1tado para el ejercicio de la profesión. Ese es el único, verdadero y correcto sentido, que debería dárse1e al pago de la "dedicación exclusiva", tal y como sucede en la Administración pública, con el "Reglamento al Régimen de Dedicación Exclusiva para el Sector Público Descentralizado" (véase su artículo 30, inciso a). En otras palabras, ese sobresueldo, se otorga con el fin de que, el funcionario, no pueda ejercer su profesión en forma privada; de ahí que si no era un profesional que pudiese ejercer su oficio -sea, debidamente inscrito en el colegio respectivo-, ¿qué exclusividad se le iba a pagar? Ninguna. De ahí que, si el accionante, no se incorporó ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sino hasta el 7 de diciembre de 1990 -ver folio 149- fue a partir de esta última data que se le pudo conceder el beneficio solicitado. (El destacado no es del original) (Resolución No. 33 de las 10:00 horas del 13 de febrero de 1997, de la Sala Segunda de la Corte). Dirección General de Asuntos Jurídicos. Oficio del 29 de junio, 1998 (DAJ-1391).

Dedicación exclusiva. Concepto.

La dedicación exclusiva es la obligación que adquiere el profesional con la Institución con la que labora, de no ejercer de manera particular en forma remunerada o ad honorem ninguna profesión que ostente, ni actividades relacionadas con ésta, adquiriendo la entidad el compromiso de retribuirle un porcentaje adicional sobre el salario base, previa suscripción de un contrato. Al ser un acuerdo entre partes, en forma reiterada esta Contraloría General ha manifestado que si bien dicho beneficio puede ser solicitado por el trabajador su simple demanda no obliga a la Administración a acceder a tal requerimiento (Ver oficios Nos. 09336-95, 10939-95 y 11284-98). Ahora bien en el caso de la Municipalidad de San José, la posibilidad de reconocer el beneficio de dedicación exclusiva se encuentra incorporado en la norma de ejecución presupuestaria 51 de la Ley No. 7089 del 04 de diciembre de 1987...el hecho de que una norma incorporada en una Ley autorice a la Municipalidad de San José a reconocer el beneficio en comentario, no da pie para entender que se trata de una norma vinculante que obligue a la Municipalidad para conceder tal beneficio. La referida norma lo que hace es otorgar una facultad a la Municipalidad, por lo que esta Contraloría General no comparte la posición sostenida por los funcionarios suscriptores del escrito que se analiza. Dirección General de Asuntos Jurídicos. oficio Nº 8010 del 14 de julio de 1999, DAJ 1461.

Dedicación exclusiva. Concepto.

La dedicación exclusiva es la obligación que adquiere el profesional con la Institución con la que labora, de no ejercer de manera particular en forma remunerada o ad honorem ninguna profesión que ostente, ni actividades relacionadas con ésta, adquiriendo la entidad el compromiso de retribuirle un porcentaje adicional sobre el salario base, previa suscripción de un contrato. Al ser un acuerdo entre partes, en forma reiterada esta Contraloría General ha manifestado que si bien dicho beneficio puede ser solicitado por el trabajador su simple demanda no obliga a la Administración a acceder a tal requerimiento. (Ver oficios Nos. 09336-95, 10939-95 Y 11284-98). Ahora bien, en el caso de la Municipalidad de San José, la posibilidad de reconocer el beneficio de dedicación exclusiva se encuentra incorporado en la norma de ejecución presupuestaria 51 de la Ley No. 7089 del 04 de diciembre de 1987 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República), el cual señala: "Se autoriza el Régimen de Dedicación Exclusiva que se fija en el cuarenta y cinco por ciento ( 45%) sobre el salario base y el de disponibilidad, que será del treinta por ciento (30%) sobre el salario base para el sector profesional de la Municipalidad de San José. Podrán acogerse en forma voluntaria a este régimen todos los trabajadores que tengan el grado académico de licenciatura, como requisito mínimo exigido para el cargo que ostentan. Los demás aspectos de este régimen los regulará la Municipalidad de San José, en el reglamento que para tal efecto emitirá". El hecho de que la norma antes transcrita autorice a la Municipalidad de San José a reconocer el beneficio en comentario, no da pie para entender que se trata de una obligación para dicho Municipio, ya que a pesar de que se encuentra incorporada en una Ley de Presupuesto no genera una imposición de carácter vinculante, que venga a desconocer las características propias de la dedicación exclusiva como acuerdo entre partes, ya que lo que otorga la leyes una facultad, o una autorización y nunca una obligación. Lo anterior se corrobora con la misma redacción de la norma que señala que "Podrán acogerse en forma voluntaria los trabajadores que tengan el grado académico de licenciatura...", donde se resalta el carácter contractual del beneficio. De igual manera parece entenderlo la Sala Segunda ya que en el Voto No. 138 cuya copia consta en el expediente, señaló: "Así, mientras que la dedicación exclusiva es "voluntaria" X surge de un contrato inter-partes, que sólo pueden celebrar los profesionales que ocupen cargos requirentes del grado de Licenciatura; la disponibilidad es consustancial a todo puesto de jefatura -sin distinción-.. .". (El subrayado no es del original). Además, debe tenerse presente que para proceder al reconocimiento de la dedicación exclusiva no se requiere una autorización legal expresa como la comentada, ya que para ello es suficiente una regulación interna de la Administración que reconozca tal beneficio, previo estudio técnico que demuestre la necesidad y conveniencia para su implementación [...]. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Oficio 08035 14 de julio, 1999, (DAJ-1472).

Dedicación exclusiva y el régimen de disponibilidad.

No obstante lo anterior, debemos resaltar que de la lectura de la referida sentencia se tiene que ésta no establece el reconocimiento simultáneo de ambos conceptos, sino que lo que viene a dejar sentado es que los mismos son independientes entre sí, no obligando que se haga el reconocimiento de ambos conceptos a la vez. 2. Origen legal y no discrecional del pago de dedicación exclusiva: Alegan las partes que por regla general la dedicación exclusiva tiene origen contractual, no siendo este el caso de la Municipalidad de San José ya que existe una norma de rango legal : como lo es el artículo 51 de la Ley No. 7089 que fundamenta el reconocimiento del régimen de dedicación exclusiva. Al respecto debemos señalar que, como ya quedó expuesto líneas atrás, el hecho de que una norma incorporada en una Ley de Presupuesto autorice a la Municipalidad de San José a reconocer el beneficio en comentario, no da pie para entender que se trata de una norma vinculante que obligue a la Municipalidad para conceder tal beneficio. La referida norma lo que hace es otorgar una facultad a la Municipalidad, por lo que esta Contraloría General no comparte la posición sostenida por los funcionarios suscriptores del escrito que se analiza. Al respecto reiteramos los comentarios expuestos en el punto 1 anterior en cuanto a que no es indispensable contar con una norma legal para este tipo de reconocimiento. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Oficio 08035 de 14 de julio de 1999 (DAJ-1472).

 
 
 
 Contáctenos  Mapa del Sitio